Esta semana, la jefa del bloque de La Libertad Avanza consiguió un dictamen de mayoría sin alterar el texto aprobado por Diputados. Así, dejó encaminado el tratamiento del proyecto para la sesión prevista el 19 de noviembre. En medio de las diferencias dentro del oficialismo, también defendió con firmeza las instituciones y la libertad de prensa.
La decisión dejó a la vista las distintas estrategias de Bullrich y de un sector del Gobierno de Javier Milei para impulsar la agenda legislativa. Mientras desde la Casa Rosada procuraban modificar el proyecto hasta el comienzo del plenario de comisiones, la senadora priorizó los acuerdos que había alcanzado con bloques opositores.
El dictamen de mayoría reunió las firmas de La Libertad Avanza, el Justicialismo, la Unión Cívica Radical, el PRO, Convicción Federal y Moveré por Santa Cruz. La senadora Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, no respaldó la iniciativa por sus diferencias con el texto.
Mantener el proyecto sin cambios permitió conservar una mayoría amplia y proteger los consensos alcanzados con sectores dialoguistas y opositores.
“Patricia (Bullrich) nunca miró cuáles eran los cambios propuestos. Si lo hacía, este proyecto y los próximos a tratar serían imposibles de construir mayorías”, nos comentó un colaborador de la senadora porteña.
La estrategia de Bullrich tuvo un propósito concreto: impedir que el proyecto regresara a la Cámara de Diputados y asegurar las mayorías necesarias para aprobarlo.
Si el Senado modificara una iniciativa que llegó en revisión desde Diputados, el texto debería volver a la Cámara de origen para ser considerado otra vez. Ese trámite podría retrasar la sanción, en un contexto de plazos acotados por el cierre del período de sesiones ordinarias del Congreso, previsto para el 30 de noviembre.
La próxima sesión está prevista para el 19 de noviembre. El amplio respaldo conseguido en las comisiones permite prever un escenario favorable para convertir la iniciativa en ley, aunque su aprobación dependerá de la votación en el recinto.
En el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, presididas por Agustín Monteverde y Alicia Kirchner, respectivamente, Bullrich resaltó el consenso alcanzado entre los distintos espacios políticos.
“Este proyecto busca dar una respuesta a las personas con discapacidad, generar previsibilidad en el tema y así se ha generado un encuentro en torno a este proyecto de ley, después de muchos desencuentros”, sostuvo.
La propuesta fija un esquema permanente de financiamiento para las prestaciones destinadas a personas con discapacidad, incorpora mecanismos de control y establece un cronograma para regularizar las deudas con los prestadores del sistema.
La senadora también defendió la necesidad de reforzar las herramientas de fiscalización para prevenir irregularidades.
“El sistema debe contar con auditorías y controles transparentes para garantizar que las prestaciones lleguen a quienes las necesitan y evitar irregularidades”, señaló.
Además, destacó que se incorporaron procedimientos para que los beneficiarios puedan presentar descargos ante eventuales suspensiones, así como herramientas para actuar frente a posibles casos de fraude.
En ese marco, subrayó la responsabilidad del Consejo Federal de Discapacidad, las provincias y los municipios en el seguimiento de las prestaciones.
El acuerdo también tuvo una dimensión política para el oficialismo: Bullrich consiguió el respaldo de bloques con posturas distintas frente al Gobierno, mientras un sector de la Casa Rosada insistía en introducir cambios que podían modificar el entendimiento parlamentario.
En paralelo a las negociaciones por la ley de Discapacidad, Bullrich participó este jueves en un encuentro con el Colegio de Abogados en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Allí defendió la independencia judicial, la libertad de expresión y los controles institucionales sobre el poder político.
“El pacto de nuestra Constitución nos obliga a todos, y más que a nadie, a quien detenta el poder”, sostuvo.
La senadora planteó que es necesario garantizar la independencia de los jueces y evitar que sus designaciones condicionen políticamente sus decisiones.
“Sin jueces independientes, la división de poderes es un concepto vacío”, afirmó.
Uno de los ejes de su exposición fue el rol de la prensa como herramienta de control ciudadano sobre quienes tienen responsabilidades de gobierno.
“Defender la libertad es defender fundamentalmente a quienes nos cuestionan”, señaló.
Bullrich también afirmó que los gobernantes deben aceptar las preguntas y los cuestionamientos, incluso cuando ponen en tela de juicio sus decisiones.
“Una sociedad que discute en libertad se equivoca mucho menos y corrige antes”, agregó.
La legisladora también propuso reforzar la transparencia en el Consejo de la Magistratura con mecanismos de selección basados en el mérito y reglas claras. Además, destacó la importancia de avanzar en el tratamiento de los pliegos judiciales pendientes en el Senado.
“El que gobierna y acepta que lo controlen, sale más fuerte”, afirmó.
Las declaraciones se dieron en una semana atravesada por diferencias entre Bullrich y la Casa Rosada. Aunque la senadora no dirigió explícitamente esas afirmaciones contra Javier Milei, centró su exposición en los límites al ejercicio del poder y la importancia de los controles republicanos.
La negociación por la ley de Discapacidad dejó expuesta una diferencia de criterios dentro del oficialismo. Bullrich priorizó los acuerdos con la oposición para avanzar con la sanción de la norma, aunque eso supusiera mantener el texto que el Gobierno pretendía modificar.
El episodio también mostró el peso de las negociaciones parlamentarias en una etapa en la que La Libertad Avanza necesita sostener acuerdos con otros bloques para impulsar sus proyectos en el Congreso.
