La acusación, a cargo del fiscal Diego Velasco, investiga una “compleja maniobra delictiva” mediante la cual los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner, con la colaboración de sus hijos Máximo y Florencia, “montaron una matriz de corrupción en distintas áreas del Estado” para “enriquecer ilegítimamente” a “empresarios amigos” como Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, además de a la propia familia.
Según la Fiscalía, el mecanismo se sustentaba en una estructura inmobiliaria y hotelera. El alquiler de propiedades y hoteles habría servido para dar apariencia legal a fondos de presunto origen ilícito.
De acuerdo con esa hipótesis, los exmandatarios favorecieron a empresas de Báez y del Grupo Indalo con contratos del Estado Nacional. Luego, parte de ese dinero habría regresado a la familia Kirchner mediante contratos de alquiler con su firma inmobiliaria, Los Sauces.
La lectura de la acusación por la causa Los Sauces continuará este lunes 2 de noviembre. Desde el jueves próximo, el TOF N° 5 estará en condiciones de escuchar el requerimiento de elevación a juicio de Hotesur.
La imputación fiscal se centra en una presunta maniobra de lavado de activos. La acusación sostiene que Néstor y Cristina Kirchner consiguieron que Báez, considerado su socio personal, se convirtiera en propietario de un conglomerado de más de 30 sociedades. López y De Sousa, por su parte, llegaron a liderar un grupo empresarial integrado por más de 150 sociedades.
Una vez que los empresarios ampliaron su patrimonio, los Kirchner habrían creado “un mecanismo permanente para el reciclaje de una porción de las ganancias, de modo que una parte de aquellas pudiera llegar a manos de los exmandatarios con la apariencia de haber sido obtenidas en forma lícita”.
“Para ello, montaron un circuito económico basado en la actividad inmobiliaria y hotelera que les permitió canalizar regularmente fondos desde las empresas contratistas del Estado y sus vinculadas, a favor de la empresa Los Sauces, constituida por los expresidentes y su hijo Máximo, que se encargaría en lo sucesivo de recibir el dinero proveniente de los ‘empresarios amigos’”, remarcaron los fiscales.
Con esos recursos, Los Sauces compró propiedades, hoteles y terrenos, que después quedaron a disposición de las mismas empresas que la habían beneficiado mediante contratos de alquiler.
“De esta forma, el dinero proveniente de las empresas de los grupos económicos era recibido mensualmente como ‘dinero limpio’ en concepto de canon locativo a los expresidentes y a sus hijos, quienes luego podían declararlo ante el Fisco y ante la Oficina Anticorrupción como dinero legítimamente obtenido”, señalaron.
Según las pruebas presentadas por la Fiscalía, el 88% de la facturación de Los Sauces provenía de sus “empresarios amigos”. Un 65% correspondía a Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia, del Grupo Indalo; el 23% restante, al Grupo Báez, a través de Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, y Valle Mitre.
Entre 2009 y 2016, la firma de los Kirchner facturó a esos dos grupos $25.968.042,30 por el alquiler de propiedades y hoteles. La acusación sostuvo que esos contratos eran “innecesarios” o fijaban montos superiores a los valores de mercado.
En el mismo período, el patrimonio neto de Los Sauces creció más de un 12.000%: pasó de $100.000 a $12.122.430,26.
La acusación también indicó que los fondos que recibía la empresa de la entonces familia presidencial tenían dos orígenes.
En el caso de Báez, el dinero provenía de “la defraudación al Estado a través de la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz”, investigada en la causa Vialidad, por la que Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión domiciliaria.
En cuanto a López y De Sousa, sus empresas habrían obtenido los fondos “con motivo del ofrecimiento y admisión de dádivas por distintos contratos, concesiones, licencias y beneficios impositivos”.
La Fiscalía señaló presuntas irregularidades en la compra de propiedades, hoteles y terrenos por parte de Los Sauces. También atribuyó intervención en esas operaciones a empresas de Báez, López y De Sousa, y mencionó la adquisición de inmuebles para uso personal de la familia Kirchner.
Entre los hechos destacados, indicó que un terreno en El Calafate habría sido comprado a $7,50 el metro cuadrado, un precio muy inferior al de mercado. El pago se realizó más de un año después y la operación no se escrituró ni se registró.
La acusación también incluyó departamentos del complejo Madero Center, en Puerto Madero. Fueron comprados con dinero personal de Néstor Kirchner y luego incorporados a Los Sauces.
El requerimiento menciona además un terreno vendido por Austral Construcciones que, según la Fiscalía, habría sido objeto de una compraventa simulada para encubrir una donación de Báez. También incluye el departamento de San José 1111, donde reside Cristina Kirchner: fue adquirido en 2015 por USD 370.000 y pagado con Certificados de Depósito para la Inversión, conocidos como CEDINES, y no en efectivo.
