La medida, firmada el 2 de octubre por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, fue publicada en el Boletín Oficial este martes mediante la Resolución Conjunta 59/2026. No se contempla un pago en efectivo; el Estado entregará bonos y letras del Tesoro a las empresas con acreencias reconocidas por contratos de obra pública en las áreas de Transporte y Obras Públicas.
Dado que la cancelación se realizará con títulos que generan intereses acumulables, no se requerirá un desembolso inmediato de efectivo para saldar estas deudas. Los intereses se suman al capital y se abonan al vencimiento de cada instrumento. Por esta razón, bajo el criterio de caja, la operación no afectará negativamente el resultado fiscal ni el déficit primario en el corto plazo, sino que convertirá una obligación en deuda pública con vencimientos en octubre de 2026, enero de 2027 y abril de 2027. Sin embargo, esto no elimina el compromiso; simplemente traslada la cancelación a futuras fechas y aumenta las obligaciones financieras del Tesoro.
El diseño de esta estrategia busca brindar mayor seguridad a las empresas contratistas, resolver litigios judiciales y regularizar las obligaciones pendientes en relación con la obra pública. A su vez, desde el Ministerio de Economía se establece que la implementación de esta medida debe ajustarse a las metas de equilibrio fiscal y ordenamiento de las finanzas públicas. Para acceder a este mecanismo, las empresas deberán renunciar expresamente a cualquier reclamo pendiente.
La operación está alineada con el Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública, creado en julio de 2026 por la Secretaría de Coordinación de Infraestructura. Este régimen incluye a contratistas con créditos a favor del Estado por certificados de obra, adquisición de materiales y ajustes de precios correspondientes al período que abarca del 1° de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2025. También contempla obligaciones de contratos de obra pública que hayan sido extinguidos desde 2024.
Según la resolución, los bonos serán entregados a su “valor técnico”, que se calcula al día hábil anterior a la entrega efectiva, tomando en cuenta las condiciones financieras de cada instrumento, incluido el capital acumulado hasta ese momento. El total se repartirá entre tres instrumentos de deuda pública en pesos, con un límite nominal conjunto de $171.000 millones. No obstante, la resolución aclara que la cancelación puede alcanzar un valor efectivo de hasta $221.119 millones, dado que los títulos se valorarán según su valor técnico al momento de la entrega.
La operación se financiará con créditos presupuestarios destinados al Ministerio de Economía, en el marco de un programa específico para atender deudas de la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Obras Públicas. Las secretarías de Finanzas y Hacienda han indicado que la emisión se inscribe dentro de las autorizaciones previstas en la Ley de Presupuesto 2026, que faculta al Poder Ejecutivo a llevar a cabo operaciones de crédito público y emitir Letras del Tesoro que se cancelen en el mismo ejercicio.
