“La intención es respetar lo que vino de allá. No queremos problemas con lo que se acordó”, afirmó un legislador de La Libertad Avanza. Esta declaración cobra relevancia, dado que en la última sesión del Senado, mientras se debatía la ley sobre la Carta Orgánica del Banco Central, algunos legisladores recibieron presiones desde la Casa Rosada para cambiar de rumbo, lo que generó desconcierto en el recinto, aunque los intentos de influencia fueron infructuosos.
El tratado permite a inventores y empresas la presentación de una única solicitud internacional de patente, facilitando así la búsqueda de protección legal en diversas jurisdicciones. La solicitud bajo el PCT tiene el mismo valor jurídico que si se hubiera presentado una solicitud individual en cada uno de los 158 Estados miembros adheridos al tratado.
La adhesión al PCT es un requisito establecido en el acuerdo comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos y también forma parte de los compromisos adquiridos en los acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea, así como con EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).
Previo a su dictamen en la Cámara baja en mayo pasado, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, explicó: “Con el PCT se establece una solicitud única, una mesa de entrada común para los 158 estados partes. Un inventor argentino no necesita recorrer 158 oficinas diferentes, ahora puede hacer una única solicitud para todo el mundo”.
El Gobierno intentó acelerar la aprobación del convenio original en Diputados, aunque se encontró con la oposición de los laboratorios locales. Antes de la firma de un despacho, se decidió dejar en “reserva” el capítulo II del tratado, que establece que una patente registrada tendría vigencia por 20 años en todos los países miembros.
Desde el sector farmacéutico se alertó sobre la potencial proliferación de prácticas de “Evergreening” (Reverdecimiento), que podría llevar a laboratorios multinacionales a utilizar el examen preliminar internacional del Capítulo II para implementar cambios menores en medicamentos existentes, sin aportar mejoras reales en su eficacia, con el fin de extender artificialmente monopolios y dificultar la competencia.
Asimismo, se advirtió que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) podría perder soberanía, dado que informes y dictámenes preliminares emitidos por oficinas de patentes extranjeras o agencias internacionales debilitarían su autoridad. En la Cámara baja, la iniciativa obtuvo 147 votos a favor y 93 en contra, en un debate marcado por las críticas de la oposición, que alertó sobre posibles riesgos para la soberanía nacional en cuestiones sanitarias y científicas.
El legislador libertario Nicolás Mayoraz destacó que estas posturas reflejaban una visión que retrocede al país. Argumentó que bajo el régimen anterior, los científicos argentinos enfrentaban mayores costos y perdían capacidad creativa al registrar patentes, lo que representa un verdadero riesgo para la soberanía. Ahora, se espera que el Senado sancione el acuerdo y ponga fin a un proceso que lleva casi 30 años en desarrollo.
