En una reciente entrevista, el economista expuso que incluir representantes federales en el directorio podría reducir las tensiones entre el Gobierno y la autoridad monetaria. Su propuesta contempla que las provincias designen a los miembros del organismo y que estos elijan a su presidente entre ellos. De surgir un conflicto con el Presidente de la Nación, el titular del Banco Central podría ser reemplazado por otro director, evitando que el Poder Ejecutivo designe a su sucesor directamente.
Fernández argumentó que este mecanismo brindaría una mayor estabilidad a la autonomía del Banco Central, especialmente ante los cambios de gestión. Considera que el sistema actual, que depende de la designación presidencial y el acuerdo del Senado, es insuficiente para evitar que un presidente del Banco Central sea removido si sus decisiones chocan con las del Ejecutivo.
Esta propuesta retoma un debate que se ha prolongado por más de diez años. La idea de federalizar el Banco Central ha sido considerada en varios proyectos legislativos y cobró relevancia nuevamente en agosto de 2026, cuando los gobernadores del Norte Grande insistieron en una mayor representación provincial en el directorio de la entidad monetaria.
La particularidad de la propuesta de Fernández se centra en el modo de designar a las autoridades y en la resolución de posibles conflictos con el Poder Ejecutivo. Recordó que, a principios de la década de 1990, el Banco Central contaba con una Carta Orgánica que le confería diversas responsabilidades, entre ellas la asistencia financiera a bancos, gobiernos provinciales y otras áreas del sector público.
Bajo esa estructura, el organismo podía actuar como prestamista de última instancia y cubrir déficits de fondos de provincias con entidades bancarias. A través de la cámara compensadora, el Banco Central emitía dinero para cubrir los saldos generados cuando dichas administraciones pagaban los sueldos sin contar con los recursos suficientes.
La reforma de 1992, en la que Fernández participó, redefinió el enfoque del organismo, estableciendo la preservación del valor de la moneda como su objetivo central y limitando las facultades para financiar gobiernos y ayudar a entidades financieras.
El exministro también destacó que la reforma implicó la eliminación de funciones del Banco Central relacionadas con el financiamiento del comercio exterior, trasladando estos recursos al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
Sin embargo, Fernández advirtió que la autonomía lograda en aquella reforma no se ha consolidado completamente. Como ejemplo, mencionó la destitución de Pedro Pou de la presidencia del Banco Central, debido a su negativa a financiar al Tesoro, al considerar que superaba las facultades del organismo.
Este incidente evidenció una debilidad institucional, dado que, a pesar de la Carta Orgánica, el Poder Ejecutivo logró desplazar al presidente del Banco Central. Asimismo, recordó el caso de Martín Redrado, cuyo despido suscitó nuevamente interrogantes acerca de la autonomía de la entidad.
Fernández argumentó que la situación no se soluciona solamente con exigir más requisitos para la aprobación de los directores en el Congreso. Considera que la intervención del Senado no garantiza la independencia del organismo, ya que el Banco Central forma parte del Poder Ejecutivo, lo que puede dar lugar a conflictos institucionales.
Sugirió que el directorio esté conformado por representantes designados por las legislaturas provinciales. En su modelo, los directores tendrían mandatos definidos y elegirían a su presidente. En caso de conflicto con el Presidente de la Nación, el titular podría dejar la presidencia regresando al directorio, que se encargaría de nombrar a un nuevo presidente.
Fernández destacó que su propuesta tiene similitudes con sistemas de otros países, como Suiza y Estados Unidos, donde existen formas de representación regional en sus autoridades monetarias.
Este esquema, según el exministro, permitiría mantener la independencia del Banco Central sin depender exclusivamente de los acuerdos políticos entre oficialismo y oposición. También afirma que, con este diseño, un cambio de gobierno no obligaría a una modificación en las autoridades monetarias ni en los principios de la Carta Orgánica.
Finalmente, enfatizó que, para asegurar la independencia del organismo, es crucial contar con una estructura que impida que un eventual gobierno con una orientación económica diferente cambie las reglas actuales. La representación federal sería, argumenta, una solución intermedia para dirimir diferencias sin alterar el marco institucional.
