Carreras y Arias afirman que el juicio demostró que el submarino no se hallaba en condiciones adecuadas y que el desenlace era evitable: “No fue una tragedia ni un accidente: fue totalmente evitable, y si fue evitable, alguien no hizo lo que debía hacer, en el momento en que debía hacerlo”, expresaron en su presentación ante la Cámara.
Las abogadas pidieron que la condena a Villamide, establecida en tres años de prisión en suspenso, sea alterada a una pena de cumplimiento efectivo. También solicitaron la revocación de la absolución del contraalmirante (RE) Luis López Mazzeo.
Con respecto a los oficiales Héctor Alonso y Hugo Correa, la querella no solicitó directamente una condena, sino la declaración de nulidad de sus absoluciones por falta de fundamento, pidiendo que se emita un fallo nuevo tras un análisis adecuado de las funciones que cada uno cumplía en la cadena de mando.
Según las abogadas, el tribunal realizó una interpretación demasiado restringida de las responsabilidades de los distintos oficiales. “Una función puede ser auxiliar respecto de la autoridad que adopta la decisión final y, al mismo tiempo, generar deberes propios de asesoramiento, advertencia, coordinación, verificación o información”, argumentaron.
Respecto a Villamide, la querella considera que es inadecuada una pena de tres años en suspenso dada la gravedad del desenlace: la muerte de los 44 tripulantes. Asimismo, pusieron el foco en la conducta del excomandante, quien supuestamente ocultó a sus superiores información sobre la manipulación de la válvula E19 y demoró el ingreso del submarino a dique seco a pesar de las alertas recibidas. “Este ocultamiento activo frente a la propia cadena de mando —y no una mera omisión pasiva— constituye una modalidad de ejecución que la sentencia debía ponderar expresamente al mensurar la pena”, afirmaron.
La querella también criticó la absolución de López Mazzeo y consideró que el tribunal limitó indebidamente su análisis a si el entonces titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento conocía la situación relacionada con la válvula E19. Para Carreras y Arias, el tribunal debería haber evaluado el estado de mantenimiento y alistamiento del ARA San Juan y las responsabilidades que tenía López Mazzeo. “La ausencia de conocimiento de E19 puede ser relevante para un determinado juicio causal; no demuestra por sí misma que López Mazzeo desconociera el estado general de alistamiento ni que careciera de deberes propios respecto de él”, indicaron.
Asimismo, cuestionaron que el fallo del tribunal utilizara el aumento del presupuesto de la Armada para desestimar responsabilidades. Según sostuvieron, este dato no determina si se cumplieron las obligaciones de supervisión sobre el submarino ni si se abordaron sus problemas específicos.
Recabaron que López Mazzeo había sido procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado muerte, en concurso ideal, según decisión confirmada el 19 de noviembre de 2020 por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.
El recurso también disputó las razones que llevaron a la absolución de Héctor Alonso, quien era jefe del Estado Mayor del Comando de Submarinos, y de Hugo Correa, ex jefe de Operaciones. En cuanto a Alonso, el tribunal había considerado que su rol era predominantemente “puramente asesora y auxiliar” y que no tenía capacidad para dar órdenes al submarino ni intervenir directamente en su estado material. La querella sostiene que esta caracterización no es suficiente para descartar una responsabilidad potencial y exige que se analiza sus obligaciones dentro de la estructura de mando.
Una crítica similar se presenta en el caso de Correa. Las abogadas afirman que su función no debería limitarse a la confección de documentación administrativa y subrayan que recibió información sobre la situación del submarino durante esa madrugada. Por tanto, solicitan la anulación de sus absoluciones por “defecto de fundamentación” y que se emita una nueva decisión.
El planteo de Carreras y Arias no es el único presentado ante Casación. La querella de Luis Tagliapietra, representante de otro grupo de familiares, exige la anulación de todo el juicio hecho en Río Gallegos y que se realice un nuevo debate ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Tagliapietra criticó, entre otros aspectos, la falta de pericias durante la investigación, la actuación de la jueza federal Marta Yáñez, las restricciones que —según indicó— sufrió la querella en el juicio y la competencia territorial del tribunal que llevó el proceso.
Su solicitud de que el juicio se celebrara en Mar del Plata fue previamente rechazada. Simultáneamente, Claudio Villamide también recurre a Casación, solicitando su absolución y cuestionando la acusación fiscal. De manera subsidiaria, pide que se descarte el delito de estrago y que se reduzca la pena. La defensa argumenta que hasta el momento no se ha podido esclarecer qué ocurrió dentro del submarino en las dos horas y quince minutos entre el último contacto registrado y el momento de la implosión: “Al día de hoy y después de casi nueve años de proceso judicial, un centenar de testigos y numerosos informes de expertos, nadie sabe qué pasó”, aseguraron.
Por último, se critica que la sentencia estableció un vínculo causal entre la entrada de agua y el naufragio, sosteniendo que varias de las conclusiones empleadas para condenar a Villamide son meras hipótesis. La documentación que respaldó el recurso de Carreras y Arias incluyó un llamado a la reflexión sobre las condiciones actuales de las Fuerzas Armadas. “Estamos ante una oportunidad histórica: la de evitar que un hecho de esa magnitud vuelva a cobrarse la vida de personal de las Fuerzas Armadas”, advirtieron.
Las querellantes sostienen que el juicio evidenció que el submarino no estaba en condiciones de conducir su misión y que el resultado “era evitable”. También alertan sobre la situación actual de las Fuerzas Armadas, criticando los bajos salarios del personal militar, la necesidad de que algunos deban recurrir a un segundo trabajo y la situación relacionada con su obra social. “Si a esta realidad le sumamos la posibilidad de que un fallo de Casación diluya lo ya probado y las responsabilidades reconocidas en primera instancia, la historia estará en condiciones de volver a repetirse”, advirtieron.
Por ello, Carreras y Arias hicieron un llamado a las autoridades del Poder Judicial, a los altos mandos de la Armada, al Ministerio de Defensa y a quienes toman decisiones en materia de presupuesto relacionado con la seguridad del personal militar. “Seguiremos luchando por los que no están y por los que quedan al servicio de la Patria”, concluyeron.
