Este proyecto se encuentra en sus etapas iniciales y su éxito dependerá de la participación activa de las instituciones financieras. Una vez que reciban el financiamiento, cada banco contará con un tiempo determinado para destinar esos recursos a nuevos préstamos.
Se estima que con este esquema se podrán otorgar hasta 18.000 créditos para la adquisición de vivienda, lo que representa un apoyo esencial para estimular el sector.
Los créditos bajo este programa tendrán un monto máximo de hasta 150.000 UVA por operación. No existirá un plazo único para todos los préstamos, aunque se estipula que las entidades deben ofrecer un mínimo de 15 años.
El financiamiento estará destinado a quienes deseen comprar, construir, ampliar o realizar refacciones en su primera vivienda. Estas son las condiciones generales estipuladas, mientras que cada banco podrá definir sus propios criterios de evaluación para los solicitantes.
Por lo tanto, no habrá un listado uniforme de ingresos mínimos, relación cuota-sueldo o documentación requerida que se aplique a todas las entidades. Estos aspectos estarán sujetos a las pautas que cada banco presente al acceder a los fondos.
Además, los préstamos no serán lanzados simultáneamente. Una vez que cada banco reciba los depósitos, tendrá un periodo de 90 días corridos para destinar esos fondos a la concesión de nuevos créditos hipotecarios, aunque podrán comenzarlos a otorgar antes de que finalice ese plazo.
El programa utilizará $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, aunque estos recursos no se ofrecerán directamente a los compradores de viviendas. En cambio, serán depositados a plazo fijo en los bancos participantes de las licitaciones.
Las convocatorias se realizarán por un monto de hasta $200.000 millones, y ninguna entidad podrá acceder a más del 20% del total ofrecido. La primera licitación, que se había previsto para el 3 de septiembre, está a la espera de la firma del convenio entre ANSES y el Banco Central, y se anticipa para inicios de la semana posterior.
Los bancos tendrán dos opciones para captar estos fondos. La primera será a un año, con una tasa mínima de UVA más 2,5%, mientras que la segunda opción tendrá un plazo de cinco años y empezará desde UVA más 4,5%. Posteriormente, deberán destinar esos recursos a la concesión de préstamos de acuerdo a las condiciones del programa.
El objetivo es facilitar una fuente de financiamiento a más largo plazo que la que normalmente manejan los bancos. Se calcula que, si se colocan los $2 billones, el programa podría generar entre 17.000 y 18.000 operaciones hipotecarias, lo que equivaldría a casi la mitad de todas las transacciones realizadas el año anterior.
Las entidades que utilicen estos fondos en sus operaciones no podrán aplicar una tasa superior a UVA más 7,5% anual. Este porcentaje funcionará como un límite, lo que permitirá que cada banco ofrezca condiciones más ventajosas.
Dado que se trata de préstamos UVA, las cuotas no se fijan en pesos. Tanto el saldo como los pagos se ajustan según la variación de esta unidad, que sigue la inflación, a la que se le suma la tasa determinada por el banco.
Para ilustrar el funcionamiento de esta modalidad, el Ministerio de Economía presentó un ejemplo basado en una propiedad valuada en u$s106.667, financiada en un 75%. Con un crédito de $120.920.000, una tasa de UVA más 7% y un plazo de 25 años, la cuota inicial ascendería a $865.098.
En este escenario, la familia requeriría ingresos netos cercanos a $3.460.391 mensuales, considerando una relación cuota-ingreso del 25%. Cabe aclarar que se trata de una simulación oficial y no constituye un requisito universal para todos los créditos, ya que el importe final dependerá de la propiedad, el monto solicitado, el plazo y las condiciones específicas de cada entidad.
