Esta acción se produjo pocas horas después de que la Cámara Federal confirmara la exclusión de cinco inversores que actuaban como querellantes en el caso que investiga la operativa de la criptomoneda promovida por Javier Milei.
Los legisladores, quienes son miembros de la Comisión Investigadora de $LIBRA en el Congreso, buscan así tener una participación más activa en la causa y asegurar que la investigación no dependa únicamente del fiscal federal Eduardo Taiano tras la salida de los inversores.
En un mensaje publicado en redes sociales, Ferraro manifestó: “Con Mónica Frade nos presentamos como querellantes en la causa $LIBRA y solicitamos que declare Nadia Beller, ex pareja de Fernando Cerimedo”.
Según los legisladores, el testimonio de Beller podría ser significativo para esclarecer los presuntos vínculos entre Cerimedo y el entorno presidencial. Al respecto, sostienen que la mujer ha mencionado en diversas ocasiones que Cerimedo le habló de un supuesto esquema de recaudación que estaría relacionado con el círculo presidencial.
“Beller sostuvo reiteradamente que Cerimedo le comentó que el círculo presidencial recaudaba”, afirmó Ferraro, subrayando que esta declaración coincide con elementos de la denuncia presentada por ellos y con la línea de investigación del fiscal Taiano sobre la posible comercialización de la agenda presidencial.
Los legisladores también pidieron que se integren al expediente elementos informáticos y comunicaciones relevantes para la investigación, incluidos dispositivos electrónicos y chats que Beller habría tenido con Cerimedo.
En el documento presentado ante la Justicia, Frade y Ferraro alegan la existencia de un supuesto esquema que implicaría la solicitud de pagos a cambio de reuniones privadas con el Presidente, acceso a espacios oficiales y gestión de contactos institucionales.
En este contexto, describieron la agenda presidencial como un recurso que, según su hipótesis, habría sido utilizado de manera impropia. “La agenda presidencial, instrumento público destinado a organizar la actividad del Presidente conforme al interés general, habría sido utilizada como activo transable, convertido en mercancía y ofrecido a empresarios, operadores financieros y referentes del ecosistema cripto”, se expresó en su presentación.
Además de su inclusión como querellantes, pidieron que se agregue al expediente el informe final de la Comisión Investigadora $LIBRA que funcionó en el Congreso.
Este movimiento de Frade y Ferraro sigue a una decisión reciente de la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, que confirmó que cinco inversores damnificados no podían continuar en la causa como querellantes.
La resolución afecta a Alan Vega, Braian Emanuel Quintero, Matías Alejandro Paris, Juan Patricio Marchetto y Martín Romeo, a raíz de un planteo de la defensa de Mauricio Novelli.
Los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi consideraron que estos inversores no lograron demostrar el engaño específico que los llevó a comprar el token. Además, señalaron que, con las pruebas hasta ese momento, “la primera hipótesis criminal se encuentra diluida”, lo que hace referencia a la falta de indicios de un plan organizado desde las altas esferas del poder.
Los jueces también comentaron que los inversores no identificaron “el ardid o la afirmación falsa concreta que los hubiera determinado a adquirir el token”.
A pesar de esta decisión, la causa sigue activa bajo la dirección del fiscal Taiano, y los abogados de los inversores han manifestado que recurrirán la resolución. “No vamos a dejar de hacer lo que debemos hacer”, expresaron Frade y Ferraro, quienes intentan revitalizar el expediente.
“Sabemos que es un camino lleno de obstáculos, pero no vamos a dejar de hacer lo que debemos hacer”, afirmó Ferraro, quien añadió: “Continuaremos impulsando todas las medidas necesarias para que se conozca la verdad, para que el fiscal deje de guardar el expediente y para que nadie pueda garantizarse impunidad desde el poder”.
Ahora, el pedido de los diputados deberá ser evaluado por el juzgado a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi, que lleva adelante la investigación. Si su inclusión como querellantes es aceptada, podrán participar activamente en el proceso y proponer medidas de prueba, en un expediente que ha perdido a los inversores que hasta ahora desempeñaban ese rol.
