Advertencia sobre la posible pérdida de 120.000 empleos por la expiración de un decreto

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) alertó acerca de la expiración de un decreto que incentivaba la formalización laboral entre los trabajadores del sector rural. Esta normativa, que dejó de tener vigencia el 1° de septiembre, afecta a alrededor de 120.000 empleos. “Hasta el momento, el Gobierno nacional no ha respondido ni ha dispuesto su extensión”, señalaron. Según lo comunicado por el sindicato, el secretario general, José Voytenco, hizo un reclamo formal a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, solicitando urgentemente la prórroga del Decreto 514/2021. Este decreto establece un régimen de compatibilidad entre el trabajo rural registrado, ya sea temporario o permanente discontinuo, y las asignaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo, el Potenciar Trabajo, así como otros programas sociales o de empleabilidad implementados por provincias y municipios. Emitido en 2021, el decreto tenía como objetivo mantener en el ámbito formal a los trabajadores rurales estacionales, fundamentales para las economías regionales que requieren mano de obra intensiva, como la fruticultura, la vitivinicultura, la zafra azucarera y la cosecha de tabaco. Se estima que esta modalidad representa cerca del 70% del empleo rural. En su comunicado, la UATRE enfatiza que “la experiencia de los últimos años demostró que este mecanismo es fundamental: permite que el trabajador rural acceda a un empleo registrado durante las campañas agrícolas sin perder automáticamente la red de contención de la que depende su grupo familiar”. Además, sostiene que “su discontinuidad genera el efecto contrario al que se busca: desalienta la formalización, dificulta la cobertura de trabajo local y afecta directamente a las economías regionales”. El gremio también manifestó que “la UATRE denuncia la negligencia del Estado al no considerar el impacto de esta decisión sobre toda la cadena productiva: los trabajadores y sus familias, los empleadores del sector agropecuario y la producción general. Las políticas sociales no deben convertirse en una barrera para el acceso al trabajo registrado, sino en una herramienta que acompañe la transición hacia el empleo formal y brinde previsibilidad a trabajadores, productores y comunidades”. Concluyeron afirmando que “la promoción del trabajo registrado y la protección social de los trabajadores rurales contribuyen al fortalecimiento de las economías regionales, al desarrollo de sus capacidades productivas y exportadoras, y a la sostenibilidad de las próximas campañas agrícolas.”