En el corto plazo, la propuesta contempla elevar el umbral no imponible del tributo a $3.200 millones de facturación anual, lo que excluiría a la mayoría de las pequeñas industrias. Para las empresas medianas, se plantearía una eximición en un plazo de tres años, mientras que las grandes contarían con un período de cinco años.
La iniciativa ya ha sido presentada al ministro de Producción, Augusto Costa, conforme a lo que indicó el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), Alejandro Gentile, quien asumió su cargo recientemente tras la salida de Martín Rappallini, actual presidente de la UIA.
Gentile realizó una conferencia de prensa en la sede de la UIPBA, ubicada en la avenida Córdoba de la ciudad de Buenos Aires. Es importante señalar que el directivo también se desempeña como director de Relaciones Institucionales del Grupo Techint.
“Si el gobernador realmente tiene una preocupación por el sector industrial, esta es una excelente oportunidad para demostrarlo”, sostuvo Gentile.
De avanzar la propuesta, se estima que la pérdida de recursos alcanzaría el 1,4% de la recaudación provincial, según datos de la UIPBA. Además, el presidente de la entidad destacó que en otras provincias industriales como Córdoba y Santa Fe, que implementan medidas similares a las sugeridas, “el impacto ha sido menor” en lo que respecta a la pérdida de empresas y empleo.
Para que el Gobierno bonaerense considere esta propuesta, sería necesario incluirla en la Ley Impositiva que se discute anualmente en la Legislatura en paralelo al Presupuesto provincial, lo que está previsto para octubre.
Los empresarios sugieren compensar la merma en la recaudación generada por la eximisión de Ingresos Brutos mediante una mayor fiscalización sobre compañías de sectores que históricamente han presentado mayores niveles de informalidad.
Un estudio presentado por la UIPBA indica que la presión tributaria efectiva de Ingresos Brutos sobre el valor agregado industrial en la provincia de Buenos Aires asciende al 4,7%, en comparación con el 3,5% en Córdoba y el 3,6% en Santa Fe.
Desde 2023, la diferencia entre nuevas empresas registradas en la provincia y aquellas que han cerrado ha sido negativa, con una reducción de 1.306 firmas y una pérdida de 41.975 empleos. Este análisis revela que 20 de los 24 sectores industriales de la provincia muestran un descenso, particularmente en el complejo textil, de indumentaria y calzado, que ha perdido 12.750 puestos de trabajo (-23,6%). En contraposición, el sector de alimentos ha sido el único grande en expansión con un crecimiento del 4,2%, consolidándose como el mayor generador de empleo industrial en la región.
La UIPBA plantea que los cinco sectores con mayor carga impositiva en Ingresos Brutos han experimentado una pérdida del 11,6% de los puestos de trabajo, mientras que aquellos con menor carga solo han sufrido una reducción del 7,8%.
Un dato significativo es la comparación de la carga tributaria de la industria bonaerense con las de México y Brasil. Las industrias en Buenos Aires enfrentan una carga impositiva 2,6 veces mayor que sus pares en México, donde casi el total del costo fiscal proviene de las cargas sociales. En cambio, en Buenos Aires, los impuestos sobre Ingresos Brutos, el impuesto al cheque, las tasas municipales y los derechos aduaneros representan una diferencia significativa. En relación a Brasil, esta carga es 1,48 veces superior en comparación con México.
Los industriales de la provincia están en busca de un proceso de reconversión. En este contexto, están tomando como referencia el programa ProPymes, implementado por una importante empresa con sus proveedores.
Hasta el momento, han reconocido a 60 pymes con potencial para colaborar con el sector minero en el marco del RIGI. La tendencia entre los empresarios es considerar que aquellos dedicados a la confección de indumentaria podrían diversificarse fabricando uniformes para trabajadores de proyectos mineros que se adhieran a los regímenes establecidos.
No obstante, para poder competir con empresas mineras globales, estas empresas deben adaptarse y cumplir con estándares internacionales, lo que incluye la implementación de normas ambientales y medidas contra el trabajo esclavo, entre otros requisitos.
