Esta autorización fue publicada en el Boletín Oficial y permite la realización de testeos de vehículos autónomos de Nivel 4 SAE, así como de drones terrestres autónomos. La finalidad de esta medida es recopilar experiencia y evaluar el desempeño de estos vehículos en condiciones reales de tránsito, de cara a una posible regulación específica en el futuro.
La decisión recae en la Secretaría de Transporte, bajo el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la ciudad, involucrando también a la Dirección General de Seguridad Vial y las subsecretarías de Planificación de la Movilidad y de Gestión y Control de la Movilidad.
Es relevante destacar que esta medida no implica que vehículos sin conductor vayan a inundar de inmediato las calles de la ciudad. Más bien, se establece un sistema que permitirá a empresas o desarrolladores interesados solicitar permisos para llevar a cabo ensayos. Las circulaciones deberán cumplir con una serie de requisitos técnicos, administrativos y de seguridad estipulados en la normativa.
La primera parte de la resolución, número 170/SECT/26, se enfoca en los vehículos autónomos, habilitando pruebas para aquellos encuadrados en el Nivel 4 de la clasificación SAE J3016, una de las seis categorías internacionales sobre automatización vehicular.
Los vehículos que operan en este nivel pueden manejarse de forma autónoma en entornos determinados, sin que se requiera que una persona esté al volante continuamente, aunque su funcionamiento queda limitado a áreas y circunstancias previamente señaladas. La norma establece que las pruebas deben llevarse a cabo en condiciones controladas y con especial atención a los distintos usuarios del espacio público. Se enfatiza que es crucial “garantizar siempre los mejores estándares de seguridad para todos los usuarios, en especial peatones, ciclistas y personas con movilidad reducida”.
Asimismo, se estipula que los vehículos deben cumplir con requisitos técnicos específicos y contar con seguros adecuados, así como sistemas de registro de datos a bordo que permitan el seguimiento de lo sucedido durante cada prueba. La ciudad enfatiza que los vehículos autónomos “constituyen una innovación disruptiva en el ámbito del transporte, con el potencial de reducir significativamente los accidentes de tráfico, mejorar la eficiencia en el transporte y disminuir la congestión vehicular”.
La segunda parte de la normativa introduce los drones terrestres autónomos, cuya denominación podría confundir, ya que no se trata de dispositivos voladores, sino de pequeños robots que se desplazan sobre ruedas. Estos equipos son compactos, tienen una velocidad limitada y están diseñados para realizar tareas específicas sin o con mínima intervención humana.
Se les clasifica internacionalmente como Dispositivos Automatizados de Entrega (ADD) o robots de servicio urbano, y entre sus posibles aplicaciones se contemplan el transporte de cargas livianas, la limpieza y el mantenimiento del espacio público, así como inspecciones y monitoreos urbanos. Su uso se prevé en veredas, parques, áreas industriales y corredores logísticos, siempre con costos operativos competitivos. El texto resalta la necesidad de que la Ciudad, como pionera en innovación tecnológica y políticas de movilidad sostenible, fomente el desarrollo responsable de estas nuevas soluciones, asegurando espacios de prueba controlados y evaluativos.
Además, señala que el avance de estas tecnologías se ha visto facilitado por progresos en inteligencia artificial, visión computacional, sensores LiDAR, sistemas de posicionamiento satelital y conectividad.
A diferencia de los vehículos autónomos diseñados para transportar personas, los robots en cuestión están destinados a automatizar tareas operativas específicas, como transportar paquetes o realizar inspecciones.
La resolución estipula un procedimiento para solicitar autorización para circular y fija los requisitos que deberán cumplir quienes deseen llevar a cabo las pruebas. Aquellos interesados deberán presentar su solicitud antes de la circulación en la vía pública. La Secretaría de Transporte será la encargada de evaluar esas solicitudes, en colaboración con las áreas de Seguridad Vial y Movilidad. La normativa también contempla aspectos vinculados a la seguridad, protección de datos, responsabilidad civil y sostenibilidad tecnológica.
Por el momento, la disposición no menciona a las empresas que llevarán a cabo las pruebas ni establece un cronograma para el inicio de las mismas. Tampoco se indica un límite en la cantidad de vehículos o dispositivos que podrán participar.
El Boletín Oficial no detalla un presupuesto asignado para estas pruebas piloto, ni establece una partida específica para su implementación. No se precisa cuántos ensayos se realizarán ni cuántos vehículos o robots estarán habilitados para circular. Solo se establece el procedimiento que deberán seguir los interesados para obtener las autorizaciones necesarias.
Fuentes del Ministerio de Movilidad e Infraestructura anunciaron que el programa actualmente “no tiene presupuesto” y a la vez enfatizaron que, por ahora, se trata de una “adaptación del marco normativo” hasta que las empresas puedan avanzar con la nueva tecnología.
