La firma en cuestión es DataCloud SA, que Malaspina fundó y donde ocupa los cargos de director titular y presidente. Su padre, Pedro Malaspina, figura como director suplente.
Según información obtenida del documento oficial de la Licitación Pública N° 10/26, la apertura del proceso ocurrió el 2 de julio pasado. Este contemplaba un presupuesto de 180 millones de pesos, que apenas supera los 179.685.000 de pesos presentados como oferta única por la empresa de Malaspina, quien, junto a Tapia, es investigado por una presunta elusión fiscal relacionada con la AFA.
La recomendación para la preadjudicación fue emitida el 28 de julio, pero el dictamen fue publicado el 10 de agosto en el registro de Compras del MPF. En el informe no se especifican los detalles ni los objetivos de la consultoría contratada, ni tampoco los plazos para la asignación definitiva del ganador.
El informe que respaldó esta decisión provino de la Oficina de Sistemas Informáticos y Modernización (OSIM) y fue firmado digitalmente por los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas (CEO): Mariano Bértola, María Florencia Borrelli y Federico Matías Compeano.
La Comisión afirmó que la propuesta de Malaspina cumplía con varios requisitos necesarios para la contratación, como la presentación de una estructura real de costos, la garantía de mantenimiento de la oferta y la ausencia de deudores alimentarios morosos entre sus directivos. “La solución ofertada por la firma DataCloud SA cumple con los requerimientos técnicos”, concluyó el dictamen.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 100 de la Ley N° 2.095 -Ley de compras y contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires- y el Decreto N° 2023-129, la Comisión desempeña un papel crucial en el proceso de licitación, ya que, aunque sus recomendaciones no son vinculantes para la adjudicación del contrato, tiene la capacidad de preadjudicar parcialmente todos los renglones en licitación. Esto es el estado actual de la empresa de Malaspina.
Juan Bautista Mahiques se desempeñó como fiscal general porteño (a cargo del MPF) desde el 30 de octubre de 2019 hasta el 4 de marzo de este año, cuando fue nombrado en el Ministerio de Justicia de la Nación, con el respaldo de Karina Milei. Durante este tiempo, estableció conexiones con “Chiqui” Tapia, quien lo designó como vicerrector de la Universidad de la AFA, mientras Mahiques era promovido para integrar tribunales éticos en la Conmebol y la FIFA.
La búsqueda del reemplazo para el actual funcionario de Javier Milei en la Ciudad comenzó este miércoles con la postulación formal de Javier Martín López Zavaleta, un individuo con cercanía al actual ministro. Esta propuesta fue elevada directamente por el jefe de Gobierno.
No es la primera vez que la empresa de Malaspina obtiene contratos del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, donde Mahiques fue un alto funcionario. El 26 de septiembre de 2024, el Ministerio Público de la Defensa (MPD) porteño contrató a DataCloud SA por un monto de 85.000 dólares, equivalente a 84.022.500 de pesos en ese momento, a través de la Licitación Pública N° 23/24, en la que la oferta de la firma fue nuevamente la única presentada.
En total, la empresa podría facturar aproximadamente 263.707.500 de pesos del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La trayectoria de Malaspina en el ámbito empresarial y como dirigente en el fútbol argentino ha llevado a que sea objeto de investigaciones judiciales.
Sus comienzos en el sector de servicios informáticos se remontan a la fundación de DataWise SA en 2011, que se caracteriza por ofrecer soluciones informáticas, consultoría y soporte. Si bien DataCloud SA fue oficialmente constituida en marzo de 2021, Malaspina declaró que durante la pandemia ya estaba operando bajo esta nueva empresa: “En la pandemia con DataCloud multiplicamos por 10 la facturación”, comentó en 2020.
Desde 2015, Malaspina ha ocupado la presidencia de Argentinos Juniors, un cargo que lo llevó a ser nombrado secretario general de la AFA en la actualidad, donde mantiene una estrecha relación con Claudio “Chiqui” Tapia. Se le reconoce por haber apoyado los planes de pago que la AFA propuso para un club que en 2015 estaba severamente endeudado. Además, fue un asambleísta que votó a favor de la reelección de Tapia y participó en reuniones clave para consolidar su continuidad al frente de la AFA, a pesar de las críticas sobre la gestión de los fondos de la Selección y diversas causas judiciales que involucran a sus dirigentes principales.
Ambos, Tapia y Malaspina, han tenido que comparecer ante los tribunales federales en relación con una causa del juez Diego Amarante en la que se los procesa por apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social. Esta investigación surge de una denuncia presentada por ARCA y se centra en la presunta retención indebida de más de 19.300 millones de pesos entre IVA, Ganancias y aportes durante 2024 y 2025.
En su declaración, Malaspina negó tener responsabilidad administrativa sobre los pagos, afirmando que, de acuerdo al estatuto de la AFA, la gestión tributaria es responsabilidad de otros departamentos. También aseguró que no contaba con las autorizaciones necesarias para interactuar con el fisco ni generar los Volantes Electrónicos de Pago (VEP), funciones que recaen en la tesorería y en la presidencia de la entidad.
El juez Amarante dictó un procesamiento inicial, pero la Cámara en lo Penal Económico revocó esta medida en junio de 2026 por considerarla prematura. No obstante, el tribunal superior ordenó una investigación más profunda para determinar su grado de implicancia, destacando una distinción respecto a Tapia y Toviggino, quienes continuaron con el procesamiento.
Mahiques también ocupó un puesto como representante argentino en la Comisión de Ética de la Conmebol, donde Tapia es vicepresidente. Además, formó parte de la Cámara de Resolución de Disputas (CRD) de la FIFA, que actúa como un organismo previo al Tribunal de Arbitraje Deportivo para resolver conflictos relacionados con contratos y transferencias de jugadores, con sede en Suiza.
Su nombramiento como ministro nacional estuvo marcado por la controversia de la renuncia de Daniel Vitolo, el entonces presidente de la Inspección General de Justicia (IGJ), quien investigaba los balances del fútbol y había colocado veedores en la AFA.
