La Argentina, como Estado soberano y miembro de las Naciones Unidas, tiene un gobierno legítimo, una Constitución Nacional y el derecho inalienable de establecer relaciones comerciales con quienes considere apropiado. Ninguna embajada, por poderosa que sea, tiene la facultad de boicotear los acuerdos firmados por empresas privadas en territorio argentino. Al condicionar la entrega de visas a la finalización de vínculos con China, la embajada estadounidense no está ejerciendo diplomacia, sino que está implementando un imperialismo económico en nuestra tierra. Quienes se proclamaban defensores del libre mercado ahora buscan intervenir en ese mismo mercado. Aquellos que critican con vehemencia la planificación económica no titubean en amenazar la soberanía de nuestro país al amedrentar a empresas que buscan alternativas económicas más ventajosas.
La Argentina no es un satélite de Washington ni una pieza en su tablero geopolítico, aún cuando la actual administración parece esforzarse por rebajarnos a tal condición. Somos una nación con intereses propios, y nuestra economía no puede permitirse el lujo de rechazar la inversión de China bajo indicaciones de Estados Unidos. Si una empresa argentina estima que un pacto con China resulta beneficioso para su desarrollo, su personal, sus accionistas y, en virtud de su impacto, para el país, esa decisión es de exclusiva competencia de sus directivos y, en su caso, de los organismos reguladores argentinos; no de un funcionario de una embajada que decide quién puede o no ingresar a su territorio según conveniencias geopolíticas externas. Además, esta medida es profundamente injusta. Amenazar con revocar visas, o denegar su renovación, a directivos por decisiones empresariales que no infringen ninguna legislación argentina ni internacional, constituye un acto de coerción que conculca los principios más básicos del derecho internacional. Se traduce, en la práctica, en una sanción extraterritorial impuesta a ciudadanos de un tercer país por actos lícitos llevados a cabo en su propia nación. Si esto no se considera injerencia, ¿qué lo sería?
La Argentina debe reclamar un respeto absoluto a su soberanía, exigir el cese inmediato de estas prácticas intimidatorias y alertar a la comunidad internacional sobre el peligroso precedente que establece que una potencia condicione la libre circulación de ciudadanos de un país soberano en función de sus alianzas comerciales.
La historia de América Latina está plagada de episodios de interferencia. Durante décadas, el continente fue víctima de golpes de Estado, dictaduras y expoliaciones económicas propiciadas desde el norte. En la actualidad, la herramienta ya no es el golpe militar: ahora se manifiesta a través de sanciones económicas, amenazas comerciales y coerción financiera. Sin embargo, el fin sigue siendo el mismo: someter nuestras decisiones a intereses ajenos.
La Argentina es una nación libre, y sus empresarios tienen el derecho de comerciar con quienes deseen sin que una embajada extranjera condicione su futuro. Si Washington no comprende esto y el gobierno actual decide ignorarlo, es deber del pueblo argentino recordárselo con la firmeza que la dignidad nacional requiere.
