La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, ha manifestado una posición crítica y alarmista frente al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el Gobierno. Según la dirigente, la iniciativa que se debate en el Senado trasciende la protección de la propiedad individual para adentrarse en un terreno peligroso que compromete la integridad del Estado y los recursos estratégicos de la Nación.
Soberanía y control territorial
El núcleo del argumento de Carrió reside en que el control de las fronteras y las zonas estratégicas es indisociable de la soberanía nacional. La exdiputada advirtió que la venta indiscriminada de tierras en estas regiones, particularmente a sociedades extranjeras con capitales de origen incierto o intereses globales, provoca una pérdida de jurisdicción efectiva. Ejemplificó esta situación señalando la contradicción de reivindicar las Islas Malvinas mientras se permite la entrega de la costa argentina a firmas vinculadas a intereses británicos, lo que deriva en una desagregación del dominio estatal sobre recursos vitales como fuentes de energía, lagos y agua potable.
El peligro de la desregulación
Uno de los puntos más agudos de su análisis vincula la falta de control territorial con el avance de la criminalidad organizada. Al calificar a la Argentina como un «país mafioso», Carrió alertó que la privatización extrema de áreas sensibles facilita la creación de enclaves autónomos. En estos espacios, la ausencia de la autoridad del Estado podría fomentar la «territorialización» de actividades ilícitas como el narcotráfico y la trata de personas, donde la propiedad privada se convierte en un escudo para estructuras delictivas que operan por fuera de la ley nacional.
Fundamentos constitucionales
Finalmente, la dirigente aclaró que su oposición no es un ataque al sector agropecuario ni a los productores locales, sino una defensa técnica y política basada en el artículo 29 de la Constitución Nacional. Carrió sostiene que los legisladores no tienen facultades para otorgar poderes especiales que pongan en riesgo el patrimonio territorial o el honor de los argentinos. Para la líder de la CC, permitir esta desregulación en zonas de frontera equivale a consentir la desintegración de la soberanía, una responsabilidad que el Congreso no puede delegar sin vulnerar el pacto constitucional fundamental.
