La organización ha pedido a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que suspenda los embargos y ejecuciones fiscales sobre las pymes, a la espera de que el Gobierno implemente enmiendas a la Ley de Inocencia Fiscal, tal como anticipó el ministro.
Este pedido se formuló tras la confirmación por parte de Caputo de su intención de modificar el actual régimen tributario. En este sentido, CAME demandó que, durante el periodo que dure la implementación de la nueva normativa, no se apliquen penalizaciones económicas a aquellas empresas que presenten incumplimientos fiscales.
Específicamente, la entidad propuso que ARCA no imponga multas durante el proceso legislativo. Asimismo, planteó que en los casos en que el contribuyente regularice su situación en un plazo de 15 días tras la finalización de dicho periodo, la sanción se reduzca en un 50%.
La situación actual del sector pyme es complicada por la caída del consumo. Según la propuesta de CAME, las multas completas solo deberían aplicarse si la empresa incumple las obligaciones luego de agotados todos los plazos establecidos.
Además de las multas, las pymes han exigido la suspensión de las ejecuciones fiscales y embargos que podrían recaer sobre ellas, considerando que esta medida es esencial para evitar un mayor deterioro en las empresas más pequeñas.
Paralelamente, CAME ha solicitado la creación de un “régimen especial de facilidades de pago” que contemple hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses acumulados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación, según lo indicado por Vicente Lourenzo, coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME.
El esquema también incluiría las obligaciones vencidas hasta el 31 de mayo de este año, además de los planes de pago que están en vigencia y aquellos que han caducado.
Desde la entidad argumentan que esta solicitud surge en medio de un panorama difícil para las pequeñas y medianas empresas. La baja en el consumo interno, las dificultades para mantener la rentabilidad y el debate en torno a una posible reforma tributaria impulsada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) son factores que justifican su demanda.
Para CAME, implementar medidas de alivio fiscal permitiría proteger la estructura productiva, prevenir cierres de empresas y mantener el empleo en uno de los sectores que más aporta al empleo en el país.
