Esta estrategia ha llevado a un incremento en lo que se conoce como la ‘deuda flotante’ del Estado, que representa la diferencia entre los gastos devengados en distintas áreas (bienes o servicios) y los pagos realmente realizados. Para mantener un resultado positivo en las cuentas del sector público, el Gobierno opta por atrasar las obligaciones que inflan el total de compromisos pendientes.
El mayor incremento hasta el momento se registró en marzo, con un aumento del 13,5% en comparación anual al ajustar las cifras por estacionalidad. “Sin el ajuste estacional, la variación mensual fue del 28,3%”, afirmó Salvador Vitelli, analista de Romano Group, quien subrayó que este crecimiento provino de gastos realizados por el Estado que aún no han sido saldados, ya sea por la adquisición de bienes y servicios o en transferencias.
Los datos oficiales indican que la deuda flotante alcanzó en marzo un total de $4,04 billones ($4.044.758,20 millones), lo que representa un notable aumento respecto a los $1,95 billones (1.950.414,50 millones) que se registraron en febrero.
Este aumento de la deuda en marzo, que se traduce en $2,1 billones, se considera “la mayor suba en pesos constantes de la era Milei”, según señalan desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).
El Gobierno persiste en su objetivo de lograr un superávit fiscal, visto como un medio para recuperar la credibilidad necesaria para acceder nuevamente a los mercados internacionales de deuda y refinanciar los altos vencimientos que se aproximan en los próximos años. Sin embargo, hasta ahora, este enfoque no ha logrado el resultado deseado.
Al comparar los meses, sin ajustar por estacionalidad, se observa que en marzo, los mayores aumentos se registraron en transferencias (casi $700.000 millones) y en el segmento de bienes y servicios (casi $260.000 millones).
Como se ha señalado, la decisión de postergar pagos es una práctica habitual que permite al Gobierno equilibrar los flujos de ingresos y gastos para mostrar un saldo superavitario mensual. Aunque la cifra de la deuda flotante de la administración central abarca un espectro más amplio que el del análisis de las cuentas públicas (el sector público no financiero), su aumento, según los especialistas, es un indicador de la presión que enfrenta el Tesoro por el estado de las cuentas fiscales.
“No se puede afirmar que haya un déficit ajustado, ya que se desconoce la deuda flotante del resto del sector público nacional no financiero. Sin embargo, podría servir como un indicador del potencial achicamiento del superávit primario base caja. Así, la disciplina fiscal vuelve a estar bajo el escrutinio. Con ingresos más limitados y parte del ajuste basado en gastos diferidos, la situación se vuelve crítica.
