El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi denegó el martes el requerimiento de la Comisión Investigadora $LIBRA de la Cámara de Diputados para compeler a comparecer a aquellos funcionarios que no se presentaran. Esta determinación constituye un alivio para Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y sienta un precedente en la interacción entre el Poder Legislativo y el Judicial.
Resolución judicial y alcance
Martínez de Giorgi declaró “improcedente” la solicitud de la Comisión $LIBRA, la cual procuraba obligar la comparecencia del titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; del jefe de la Unidad de Información Financiera, Paulo Starc; y del presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Ninguno de los mencionados asistió a la comisión.
El magistrado arguyó que carece de competencia para citar por la fuerza a los testigos convocados por el Congreso, enfatizando que la competencia federal es limitada y debe establecerse mediante una ley expresa.
Protección del Poder Judicial frente a la coerción legislativa
Martínez de Giorgi también ponderó el dictamen del fiscal Eduardo Taiano, quien precisó que el Poder Judicial no puede fungir como instrumento de presión para el cumplimiento de decisiones de una comisión legislativa. “Resulta constitucionalmente inadmisible que el Poder Judicial sea ampliado por normas internas de una comisión”, destacó el magistrado.
Impacto sobre Karina Milei
Aunque la resolución no involucra directamente a Karina Milei, la decisión representa un alivio para la hermana del Presidente, al limitar la obligación de los funcionarios de comparecer por la fuerza en el marco de la investigación sobre $LIBRA.
Reacciones políticas
Ciertos sectores de la oposición cuestionaron la resolución, al considerar que restringe la facultad de control del Congreso. Por el contrario, los aliados del Gobierno de Javier Milei celebraron la decisión, interpretándola como una salvaguarda del debido proceso y la autonomía judicial frente a presiones legislativas.
Precedente legal
El fallo sienta un precedente en torno a los límites entre el Congreso y el Poder Judicial, reforzando que las citaciones forzadas deben estar respaldadas por ley y no por reglamentos internos de comisiones. Con esta resolución, Karina Milei y otros funcionarios obtienen un respiro en la investigación de $LIBRA. La decisión instaura un debate sobre los límites de la potestad del Congreso para exigir la presencia de funcionarios y reafirma la autonomía del Poder Judicial.
