La sentencia, emitida por los jueces Carlos Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky, revocó la suspensión del juicio concedida por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. Entre los implicados se encuentra Jorge Taboada, segundo de Hugo Moyano en la Federación Nacional de Camioneros, junto con otros 20 afiliados. En consecuencia, los imputados deberán comparecer en un juicio oral y público bajo la acusación de encubrimiento.
El caso se originó en enero de 2021, al detectarse la desaparición de 30 dosis de Sputnik V del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.
La investigación y las maniobras
De acuerdo con la causa, los dirigentes habrían obtenido la vacuna mediante un circuito irregular. Para ello, efectuaban pagos que oscilaban entre 400.000 y 3.000.000 de pesos, a pesar de no pertenecer al personal de salud.
En instancias previas, ya habían sido condenados la enfermera Analía Muñoz, sentenciada a tres años de prisión en suspenso por hurto y cohecho pasivo, y Marcos Paura, empleado de la obra social, a dos años y medio por cohecho activo.
Argumentos del tribunal
La suspensión del juicio ha sido anulada. Casación sostuvo la validez de la oposición del fiscal general, Teodoro Nürnberg, y la necesidad de respetarla. Según el fallo, la probation no es aplicable en delitos vinculados con corrupción o salud pública, dado que comprometen la reputación del Estado.
Los jueces recordaron, además, los compromisos internacionales de Argentina en la lucha contra la corrupción. “Estos hechos deben dilucidarse en juicio oral, de cara a la sociedad”, señalaron.
Las defensas y el contexto político
El abogado de Taboada, Guillermo Iglesias, criticó el proceso y aseguró la inexistencia de pruebas directas que vinculen a los acusados con las dosis. Sostuvo que el expediente se basa en inferencias y que la causa obedece a motivaciones políticas.
El caso se inscribe en el debate nacional sobre los denominados “vacunatorios VIP” ocurridos durante la pandemia y se desarrolla en un escenario político caracterizado por las tensiones con el gobierno de Javier Milei. Con esta decisión, la causa regresa al Tribunal Oral Federal, el cual deberá determinar si los 21 imputados enfrentan un juicio completo o si algunos pueden insistir en beneficios limitados.
