Desde el PRO cuestionaron al gobierno de Axel Kicillof por no avanzar con el tratamiento de proyectos legislativos que buscan restringir el uso de estos dispositivos en las cárceles y sostuvieron que, con el nuevo marco establecido a nivel nacional, la falta de implementación en la provincia responde a una decisión política.
A través de la Resolución 336/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional y la Resolución 734/2026 del ENACOM, el Gobierno nacional estableció un mecanismo técnico para detectar e inhabilitar dispositivos móviles dentro de los establecimientos penitenciarios federales. La normativa también permite que las provincias adhieran voluntariamente al sistema.
El mecanismo no se limita a dar de baja una tarjeta SIM. Según el esquema establecido, el bloqueo alcanza al IMEI del dispositivo y al IMSI asociado al abonado y la línea. De esta manera, cuando se detecta un teléfono no autorizado dentro de una cárcel, el equipo queda inutilizado, lo que impide que pueda volver a utilizarse mediante el reemplazo de la tarjeta SIM.
Algunas provincias ya analizan incorporar el protocolo nacional. Córdoba fue la primera en formalizar su adhesión para implementar el sistema en sus establecimientos penitenciarios. En Río Negro y Buenos Aires, legisladores de la oposición reclaman que las autoridades adopten la misma herramienta.
En la Legislatura bonaerense, el bloque de senadores del PRO volvió a pedir que se habilite el bloqueo de celulares en las cárceles provinciales. La iniciativa había sido presentada a comienzos de año y continúa sin tratamiento, al igual que otros proyectos destinados a limitar el uso de dispositivos móviles por parte de los detenidos.
Según el planteo opositor, esas iniciativas permanecen sin ser debatidas en las comisiones correspondientes de la Cámara Alta provincial. El argumento central es que la discusión no pasa por restringir derechos de las personas privadas de su libertad, sino por evitar que los teléfonos sean utilizados para mantener actividades delictivas desde los establecimientos penitenciarios.
El planteo sostiene que la presencia de celulares en las cárceles puede permitir la continuidad de delitos hacia el exterior. Con la existencia de una herramienta técnica a nivel nacional y la posibilidad de adhesión de las provincias, la oposición considera que ya no está en discusión la viabilidad del bloqueo, sino la decisión de aplicarlo.
Desde el PRO también cuestionaron que desde los establecimientos penitenciarios puedan continuar coordinándose estafas, extorsiones u otras actividades delictivas mediante teléfonos celulares y reclamaron que la provincia avance con una medida que, según sostienen, podría contribuir a mejorar la seguridad.
La discusión se da mientras el Gobierno nacional ya habilitó el mecanismo para las cárceles federales y otras provincias comenzaron a evaluar su incorporación. En Buenos Aires, la oposición insiste en que el Ejecutivo provincial debe permitir el tratamiento de las iniciativas que buscan implementar el bloqueo de celulares en las unidades penitenciarias.
