En la reunión pasada, Silvio Robles evitó responder sobre los presuntos chats filtrados y sobre la causa de la quita de coparticipación a CABA. Desde Unión por la Patria lo calificaron como “testigo reticente”
Las autoridades de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados presentarán una nota ante la Corte Suprema para que adopte “medidas disciplinarias” contra Silvio Robles por considerar que actuó como “testigo reticente” la semana pasada al negarse a contestar casi todas las preguntas que le hicieron durante cerca de cuatro horas.
El Director General de la Vocalía del juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti se amparó en el artículo 18 de la Constitución que resguarda el derecho de las personas a no declarar en su contra. A su vez, denunció que era víctima de acusaciones “sin fundamentos reales” y que los diputados del oficialismo habían “intentado construir una historia en base a fantasías y calumnias”.
El oficialismo había citado la semana pasada a Robles -y luego a D´Alessandro- porque busca probar que hubo un acuerdo entre el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para favorecer a la ciudad de Buenos Aires en su reclamo por el recorte de la coparticipación.
El gobierno porteño había recurrido a la Justicia porque Alberto Fernández decretó en 2020 una reducción del 3,5 a 2,3 los fondos de coparticipación destinados a la Ciudad. Esos fondos habían sido triplicados durante la gestión de Mauricio Macri por decreto a raíz del traspaso de la Policía.
Para el oficialismo los presuntos chats filtrados mediáticamente entre Robles y D’Alessandro, en los que el funcionario judicial se refiere al fallo que benefició a la Ciudad como “fallo Robles”, probarían que hubo tráfico de influencias
“El testigo Robles ha sido el único funcionario que ha expresado una actitud de manifiesta y reiterada reticencia a contestar las preguntas que les formularon los diputados y diputadas”, comienza la nota firmada por la bancada oficialista. Y señala que Robles “invocó abusivamente de la garantía del Artículo 18 de la Constitución Nacional, circunstancia que ha resultado manifiesta ante la ausencia de acreditación de causa judicial que legalmente lo habilite a callar la verdad, pudiendo quedar su conducta incursa en el tipo penal del Artículo 275 Código Penal”.
En ese sentido, argumentaron que “el artículo 275 del Código Penal se encuentra previsto dentro del Capítulo de los Delitos contra la Administración Pública; el mismo describe el tipo penal del falso testimonio, establece tres conductas, a saber: afirmar una falsedad o negar o callar la verdad”.
Por lo tanto, desde la comisión solicitaron a la Corte Suprema que “evalúe, en uso de sus facultades de superintendencia, adoptar medidas disciplinarias al Sr. Silvio Robles, atento su conducta como testigo reticente”.
Desde ya, en la bancada oficialista reconocen que se trata simplemente de una acción para sentar una posición política dado que resulta poco probable que el presidente de la Corte sancione a un funcionario de su extrema confianza por pedido de diputados de Unión por la Patria.
Para la reunión de esta mañana también había sido citado por segunda vez el ex ministro de Seguridad porteño que, al igual que la semana pasada, presentó una nota 24 horas antes explicando que no podría concurrir por cuestiones personales. No obstante, D´Alessandro pidió una nueva fecha para poder concurrir.
Desde el oficialismo aseguraron que la próxima citación será la última y, en caso de ausencia, amenazaron con traer al testigo con la fuerza pública.
Por su parte, el juez Juan Ignacio Mahiques, de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tampoco se presentó a testificar. Los magistrados y fiscales no están obligados a hacerlo dado que sus fueros los protegen.
Asimismo, la oposición se ausentó por primera vez desde el inicio del proceso de Juicio Político y presentó una resolución para denunciar nuevas “irregularidades” cometidas por el oficialismo.
Plantearon que las citaciones informadas ayer del Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel María Astarloa, y de Miguel Federico De Lorenzo, funcionario de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema, no observaron “un razonable plazo mínimo previo”.
“Al usar como maniobra burda las citaciones sobre la hora, sin respetar los plazos mínimos y razonables que deben ser observados frente a cualquier citación de testigos en sede judicial y también en el marco del procedimiento de juicio político, se intenta impedir el trabajo del resto de los miembros de la Comisión”, argumentaron.
Para el próximo encuentro el oficialismo citó a D´Alessandro y al Procurador porteño Juan Bautista Mahiques.
