Simultáneamente, la empresa está llevando a cabo un proceso de reestructuración de pasivos que ascienden a aproximadamente US$350 millones, en colaboración con la consultora Valo Columbus. De acuerdo a lo informado por acreedores, la propuesta incluye quitas de hasta el 75% de la deuda y plazos de pago que podrían extenderse hasta siete años.
“El eje es resolver la deuda comercial, la financiera y la de los bancos, dividida en tres tramos: el primero es donde el acreedor cede hasta el 75% de su acreencia, el tramo dos reduce la quita a un 50% y solo en el tramo tres no se implementa quita alguna”, señalaron fuentes consultadas.
En un comunicado, Granja Tres Arroyos justificó el cierre de la planta en Entre Ríos, alegando “los constantes conflictos gremiales que paralizaron sus operaciones y generaron un quiebre en la cadena de producción avícola de la región”. La empresa también destacó que esta decisión se enmarca en un contexto económico desafiante.
Recientemente, directivos de la firma se reunieron con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, para evaluar la situación y buscar alternativas que permitan reactivar la operación. El ministro de Desarrollo Económico provincial, Guillermo “Willy” Bernaudo, expresó que la intención del gobierno es ofrecer apoyo y facilitar la reapertura de la planta, dado su impacto en la región. Como parte de este esfuerzo, se están refinanciando algunas deudas con organismos estatales.
La empresa también presentó a las autoridades provinciales un “diagnóstico de la delicada situación financiera” que enfrenta, derivada de los cierres de mercados internacionales por la actual crisis sanitaria (gripe aviar). Además, se están llevando a cabo procedimientos preventivos de crisis y reorganización financiera en medio de tensiones operativas generadas por el conflicto laboral en la planta de Concepción del Uruguay.
La situación se ha visto agravada, según la compañía, por “medidas sindicales desproporcionadas” que dañaron severamente la producción en la región. “Agotadas las instancias dialogo y ante la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad para operar, la compañía se vio forzada a tomar la difícil decisión de cerrar la planta por tiempo indeterminado”, puntualizaron.
Granja Tres Arroyos destacó la disposición de las autoridades provinciales para apoyar los esfuerzos de diálogo y encontrar soluciones para la crisis, con el fin de reactivar la producción avícola en la provincia.
El cierre de La China generó preocupación en el gobierno provincial debido a sus implicaciones sociales en Concepción del Uruguay, donde la empresa cuenta con más de 700 empleados. Las fuentes señalaron que la complejidad de la situación laboral ha intensificado la crisis, además de que algunos sectores de la oposición han criticado la gestión del gobierno provincial.
El objetivo del gobierno es facilitar una reapertura gradual que restablezca la producción, aunque reconocen que la problemática estructural de la empresa también es crucial. Aseguraron que la firma enfrenta dificultades internas y que no se ha adaptado rápidamente a los cambios del contexto. Sin embargo, el cierre ha interrumpido la cadena de producción necesaria y ha afectado a todos los eslabones de la misma.
Fuentes informadas señalaron que, aunque una reapertura no resolvería todos los problemas de forma inmediata, sería el primer paso para restablecer la producción. La compañía necesita reconstruir toda la cadena que se quebró durante el cierre, un desafío considerable. Por el contrario, en otra de sus plantas, en Pilar, Buenos Aires, aunque también enfrentan dificultades, las operaciones continúan.
Hoy se llevó a cabo la audiencia formal entre la empresa y los representantes sindicales, junto con reuniones informales entre el gobierno provincial y los tres gremios involucrados, así como directivos de Granja Tres Arroyos. A pesar de que no se logró un acuerdo en la audiencia formal, las conversaciones informales permitieron avanzar en la implementación de medidas para abordar tanto la situación empresarial como la de los trabajadores.
En las reuniones, se discutieron soluciones de reestructuración de deudas con la empresa de energía eléctrica y con la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER). Además, se acordó gestionar asistencia alimentaria para los trabajadores, subsidios personales y facilitar el acceso a tarifas sociales de energía eléctrica para quienes se ven afectados por el cierre.
