El decreto se fundamenta en la Ley de Defensa Nacional (23.554), la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas (24.948) y el Decreto 9390/63, que clasifica como “secreto militar” toda compra, fabricación o construcción que sea fundamental para la preparación y el uso de las Fuerzas Armadas. Al activar esta clasificación, las entidades contratantes quedan exentas de cumplir con las regulaciones de publicidad y difusión que habitualmente rigen las compras del Estado.
Esta medida no es un hecho aislado. Desde el inicio de su gestión, el Ejecutivo ha emitido al menos cuatro decretos similares. Los tres anteriores—los decretos 370/24, 807/24 y 1073/24—se relacionan con la incorporación de aviones de combate F-16 Fighting Falcon adquiridos a Dinamarca, abarcando la compra, la construcción de la infraestructura necesaria y contratos adicionales gestionados a través del programa estadounidense Foreign Military Sales (FMS). Por otro lado, el decreto 735/26 clasificó la exportación temporal de material de esos aviones para su mantenimiento y actualización.
El nuevo decreto, no obstante, se tramita bajo un expediente distinto (EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD) y no menciona en ningún momento a los F-16 ni a la Fuerza Aérea. La Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa ha sido designada para llevar a cabo las acciones necesarias para dar curso a la operación.
Este decreto se presenta en el contexto de la mayor renovación militar que ha experimentado Argentina en décadas. Un informe de la Unidad de Datos calculó que desde diciembre de 2023 hasta agosto de este año, el Estado ha destinado USD 445.026.954 a armamento y equipos militares y de seguridad. Esta cifra no solo supera el total de gastos de la era de Alberto Fernández (USD 428,7 millones), sino que también multiplica por seis los gastos de la gestión de Mauricio Macri (USD 72 millones), en un período menor a tres años de la administración de Milei.
De ese total, USD 381,4 millones se destinaron a las Fuerzas Armadas, mientras que los USD 63,7 millones restantes fueron al área de Seguridad. La mayor parte de las compras se realizó en 2024, con USD 357,8 millones, mientras que en 2025 la cifra bajó a USD 59,4 millones y en los primeros siete meses de 2026 alcanzó los USD 27,8 millones.
La compra más destacada fue la de 24 aviones de combate F-16—16 monoplazas y 8 biplazas—con una inversión de USD 301,2 millones acordada con Dinamarca en abril de 2024, a ser pagados en cinco cuotas anuales. Los primeros seis ejemplares llegaron al país el 5 de diciembre de 2025 y fueron mostrados en el Área Material Río Cuarto, en Córdoba, con la presencia del presidente. Un segundo lote de seis unidades arribará en septiembre de 2026, y la Fuerza Aérea anticipa que los 12 restantes podrían integrarse antes de diciembre de 2027.
Esta operación tiene como objetivo restaurar una capacidad aérea de combate que Argentina había perdido en 2015, tras la baja definitiva de los últimos Mirage. La gestión estuvo a cargo del entonces ministro Luis Petri y marcó un cambio notable en la política de defensa del actual gobierno.
El proceso de reequipamiento también incluye al Ejército, que ha acordado con Estados Unidos la compra de 8 vehículos blindados Stryker 8×8 por USD 20 millones, con la opción de ampliar la flota hasta 235 unidades en diversas configuraciones, tales como transporte de infantería y evacuación médica. La primera partida de 50 vehículos fue revisada en Texas y se espera su llegada antes de fin de año.
Además, el Ministerio de Defensa formalizó en marzo de 2026 un acuerdo para adquirir helicópteros UH-60L Black Hawk de reservas estadounidenses, programando la compra de hasta 20 aeronaves con un límite presupuestario de USD 140 millones, a través del sistema de Ventas Militares al Extranjero. Se espera que los primeros cuatro aparezcan antes de fin de año para reemplazar a los antiguos AS332 Super Puma del Batallón de Helicópteros de Asalto 601.
La Armada también ha realizado avances, incorporando 4 aviones de patrulla marítima P-3 Orion provenientes de Noruega por USD 60 millones, destinados a la vigilancia del Atlántico Sur y la zona económica exclusiva argentina. Asimismo, se sumaron 6 helicópteros Bell 407GXi por USD 32,4 millones—comprados a Canadá mediante un contrato gubernamental—y 48 camiones Unimog U4000 a un costo de USD 8,16 millones para la logística terrestre del Ejército.
El proyecto de Presupuesto 2027, presentado al Congreso en septiembre, contempla una autorización para contraer deuda por USD 2.300 millones para la adquisición de tres submarinos convencionales y otros USD 1.200 millones para dos fragatas multimisión. Estas unidades operarían desde la Base Naval Mar del Plata y la Base Naval Puerto Belgrano, respectivamente.
La Armada ya ha evaluado propuestas de dos fabricantes europeos: la francesa Naval Group, ofreciendo el submarino Scorpène Evolved —con 72 metros de eslora y 2.000 toneladas de desplazamiento— y la alemana ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), con el Type 209NG, de 63 metros y 1.590 toneladas. Según el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Marcelo Dalle Nogare, ambos países han ofrecido financiar la totalidad de la operación, que podría exceder los 3.000 millones de euros.
Ahora la decisión recae en el presidente Milei. Una eventual firma representaría una recuperación de la capacidad submarina que Argentina perdió tras el hundimiento del ARA San Juan en noviembre de 2017, un trágico suceso que resultó en la muerte de sus 44 tripulantes. No obstante, la inclusión de estas partidas en el Presupuesto no garantiza un contrato cerrado: su concretación estará sujeta a la aprobación legislativa y a los términos de financiamiento que se acuerden con los proveedores.
