Tras nuevas auditorías de la Sigen, el Gobierno eliminó otros cinco fondos fiduciarios públicos al justificar que no cumplían los objetivos de creación ni tampoco estaban operativos. Se trata del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE); Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria; Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata y programa para incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del Norte (PROICSA) y el programa de Inversiones Estratégicas. En total, implicaban fondos por más de $2500 millones por año.
Lo hizo mediante el decreto 1048, publicado en el Boletín Oficial. De esta manera, se suma al cierre otros once fideicomisos en la administración de Javier Milei, entre ellos el Fondo Fiduciario Progresar y Fondo Fiduciario para la Cobertura Universal de Salud (FFCUS).
“En virtud de lo expuesto en los considerandos precedentes, resulta oportuna la disolución de los citados fondos fiduciarios en el contexto económico actual, con el fin de propender a la mayor transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos”
Por decreto, el Gobierno eliminó otros cinco fideocomisos públicos. El Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE) tenía como objetivo financiar emprendimientos e instituciones de capital emprendedor registrados como tales y presentó “debilidades en la gestión de inversiones y su recupero, falta de manuales operativos y de procedimientos, debilidades en las rendiciones de cuentas y falta de indicadores de gestión”.
En tanto, el Programa de Inversiones Estratégicas era el encargado de invertir en sectores estratégicos para el Estado, fomentando la generación de empleo. El Gobierno sostuvo que no estaba en funcionamiento, por ende, “no hay motivos que justifiquen su permanencia”.
Por otro lado, el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata tenía como objetivo reparar los daños causados a las víctimas del delito de trata y explotación de personas. El Ejecutivo justificó su disolución al descubrir “falencias” e “inexistencias” en la gestión del fideicomiso.
Con respecto al Programa para incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del Norte (Proicsa) -destinado al otorgamiento de créditos para promover la competitividad de la industria azucarera del NOA-, sostuvieron que “desde el año 2020 no tiene actividad alguna en relación con desembolsos por realizar”.
En tanto, el Gobierno justificó la disolución del Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecarias en que se encontraron “debilidades” en los registros y “demoras” en la rendición de cuentas por parte del fondo fiduciario entre otras irregularidades. En 2023, el fondo fiduciario mostró un superávit de $1.190.600.000, que resultan de $1,2 millones de ingresos y $31,5 millones de gastos, según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto.
Con el cierre del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor, para la Refinanciación Hipotecaria, de Asistencia Directa a Víctimas de Trata y programa para incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del Norte y de Inversiones Estratégicas, el Gobierno eliminó 16 fideicomisos públicos desde diciembre de 2023.
A mediados de febrero, el vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que el Gobierno iba a eliminar los fondos fiduciarios por carecer “de transparencia y son parte de lo que denominamos cajas de la política”.
En marzo, el ministro de Economía, Luis Caputo tomó el control sobre los fondos fiduciarios. Con el decreto 215, el Palacio de Hacienda fue designado como representante del Estado sobre esos llamados fideicomisos públicos. Luego, el 3 de abril, Economía eliminó el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, que había sido creado con el fin de estabilizar el precio de la tonelada de trigo comprada por los molinos argentinos y de esa manera regular el precio de venta del pan en el mercado interno. Según cálculos oficiales, movía otros $3200 millones.
Más adelante, el 20 de mayo, quitó el Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (FONDAGRO), que entró en vigencia en 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri. Esta herramienta buscaba gestionar créditos y aportes para incentivar la actividad del sector y por año representaba unos $2800 millones.
Además, en junio, se disolvió el fondo de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable (FODIS), régimen que concedía bonificaciones que alentaran a empresas y particulares a comprar máquinas generadoras de energía eléctrica de origen renovable. “No consiguió un aumento estimable en la generación de energía eléctrica con fuente renovables desde los hogares urbanos, tal como fuera su finalidad original”
