El Gobierno instruyó a los titulares de organismos estatales a intimar a los empleados públicos en condiciones de retiro a iniciar los trámites jubilatorios. Se argumenta que la resolución tiene como objetivo “asegurar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos en el ámbito del Sector Público Nacional”, en un contexto de emergencia pública declarada por la Ley Bases.
La normativa, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, forma parte de una serie de medidas que buscan reducir el déficit y equilibrar las cuentas públicas, mediante la reducción de la estructura estatal. El artículo 1 de la resolución establece un plazo máximo de 30 días hábiles para que los titulares de las entidades incluidas en los incisos a) y c) del artículo 8 de la Ley de Administración Financiera (24.156) notifiquen a los empleados en edad de jubilación a que inicien sus trámites previsionales, según lo establecido en el artículo 19 de la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (24.241).
La normativa publicada en el Boletín Oficial de este miércoles contempla excepciones. Los titulares de cargos equivalentes al rango de Coordinador en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el Decreto 2098/2008, podrán ser eximidos de la obligación de iniciar el proceso de jubilación mientras permanezcan en funciones.
Además, la resolución faculta a las autoridades de las jurisdicciones y organismos descentralizados a solicitar una prórroga de hasta seis meses para aquellos empleados cuya continuidad sea considerada esencial para el funcionamiento estratégico de sus áreas. Esta solicitud debe ser presentada con la justificación correspondiente ante la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, e incluir informes que acrediten la criticidad del perfil profesional del empleado.
El Ministerio también otorgó la facultad a la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público para emitir las normas complementarias necesarias que aseguren la implementación efectiva de la medida. La resolución establece que los organismos deben comunicar a la Oficina Nacional de Empleo Público la nómina de los empleados intimados a iniciar los trámites de jubilación dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación.
