Meses después de que se anunciara la firma de un acuerdo con la compañía Titan Consortium y que parecía dar fin al conflicto por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, el Gobierno de Javier Milei decidió presentar una apelación contra el fallo que condenó al país al pago de 389,5 millones de dólares. Este monto incluye intereses acumulados desde 2019.
El pacto rubricado en noviembre de 2024 establecía las condiciones en las cuales Argentina debía dar cumplimiento a la sentencia dictada por la Justicia de Estados Unidos. En líneas generales, el país se había comprometido al pago del capital de condena más intereses fijados en una tasa variable que al principio sería del 5,11%.
“De conformidad con las Reglas 3 y 4 de las Reglas Federales de Procedimiento de Apelación, por la presente se notifica este 8 de enero de 2025 que el Demandado, la República de Argentina (“Demandado”), apela ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia la orden y sentencia final del Tribunal de Distrito, dictada el 10 de diciembre de 2024”, informó el poder judicial norteamericano mediante un comunicado.
“El tribunal del CIADI condenó a Argentina a indemnizar a las empresas subsidiarias del Grupo Marsans con 320 millones de dólares más intereses; tras entrar en concurso de acreedores, Marsans vendió al fondo Titán la deuda de la aerolínea. Luego, el último fallo del juez elevó el monto a USD 389 millones, sumando intereses. Argentina está apelando ese reconocimiento del fallo”, le explicó a Infobae Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors.
El especialista aseguró que el país podría haber obtenido un ahorro del 50% de lo que tiene que afrontar en la actualidad si hubiera llegado a un acuerdo extrajudicial años antes. “Siempre pierde las apelaciones. Seguimos acumulando intereses, costos legales y perdiendo reputación. Lamentablemente para el presidente Milei, todos estos casos llegan a resolución cuando él es Presidente”, agregó.
Otros juicios que enfrenta la gestión de libertaria
La situación judicial en la que se metió Argentina debido a la expropiación de la aerolínea de bandera no es el único frente que debe atender el Gobierno de Javier Milei. Otra contienda de este estilo tiene que ver con el avance de la Corte Suprema de Estados Unidos en un caso asociado a los bonos Brady.
Sebastián Maril también hizo referencia a este tema que también preocupa al Ejecutivo y sostuvo: “el caso Attestor está relacionado con holdouts que aún no han cobrado la sentencia y acudieron a su derecho de embargar activos soberanos para cobrar, en conjunto, US$450 millones”.
En esta oportunidad, Argentina intentó evitar un embargo por medio de la presentación de un escrito el martes pasado. “Se dio a conocer que la Justicia tomará una decisión el próximo 24 de enero. Apenas unos días después se conocerá la sentencia definitiva”, remarcó el especialista de Latam Advisors.
Maril profundizó y habló sobre los próximos pasos de este proceso. Señaló que si la Corte rechaza el pedido de los abogados argentinos, los demandantes podrán pedir a la Justicia la retención de los activos del Banco Central. Según el experto, los letrados locales tratarán de negociar con la otra parte para “evitar el papelón del embargo”.
