La Cámara del Trabajo dictó hoy una nueva medida cautelar contras las reformas laborales del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70 del gobierno de Javier Milei. El tribunal aceptó un planteo de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA) que se suma al fallo de ayer de la Confederación General del Trabajo (CGT.
“Disponer la suspensión cautelar de los efectos del DNU 70/2023 (B.O. 21/12/2023) en lo que hace a la operatividad de las previsiones contenidas en su Título IV (TRABAJO -arts. 53 a 97-) hasta tanto se dicte resolución sobre el fondo”, sostiene la resolución y que firman los jueces Andrea García Vior y Alejandro Sudera, quienes son los magistrados de feria en la Cámara del Trabajo.
Así, el capítulo de reformas laborales del DNU suma su segundo fallo en contra, mientras el gobierno nacional busca que el expediente pase al fuero contencioso administrativo federal donde tramita un amparo colectivo contra el decreto.
Los jueces señalaron entre sus argumentos para dictar la nueva medida cautelar “los graves riesgos de que el conflicto social -ya avizorado en los últimos días del año 2023- se acreciente y/o derive en hechos de violencia inusitada”.
La CTA, como la CGT, presentó un amparo contra el DNU para que se declare su inconstitucionalidad y reclamó una medida cautelar que suspenda sus efectos mientras se analiza la causa. El primera instancia la cautelar fue rechazada y la CTA apeló.
La Cámara del Trabajo primero aceptó la competencia y rechazó enviar la causa al amparo colectivo que tramita en el fuero contencioso, a donde el gobierno busca que pasen todos los expedientes contra el DNU. “En el caso planteado se dan a mi ver circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifican la asunción de la competencia y la habilitación de la vía elegida en tanto la aptitud jurisdiccional de esta Justicia Nacional del Trabajo para entender en la contienda resulta inobjetable”, sostuvo la jueza García Vior en su voto al que adhirió Sudera y en el que agregó que “especial versación en materia de derecho social”.
Los magistrados entendieron que a diferencia del amparo colectivo en el caso que plantea la CTA “se encontrarían en juego derechos que hacen a la esencia de las relaciones dependientes, a la libertad y dignidad de las personas que trabajan, a los principios protectorios, de irrenunciabilidad, de igualdad de trato y no discriminación y de conservación del contrato que estructuran la especialidad y, a su vez, se pondría en jaque la principal vía de tutela a la que pueden recurrir los trabajadores ante su incapacidad negocial a nivel individual, que no es otra que la acción sindical”.
Luego entendieron que en el caso se deban los requisitos que la ley de medidas cautelares establece para dictar una: el cumplimiento o la ejecución del acto o de la norma, ocasionará perjuicios graves de imposible reparación ulterior; la verosimilitud del derecho invocado; la verosimilitud de la ilegitimidad, por existir indicios serios y graves al respecto; la no afectación del interés público y que la suspensión judicial de los efectos o de la norma no produzca efectos jurídicos o materiales irreversibles.
“En el presente y tal como emerge de los considerandos precedentes, todos los recaudos antes referidos deben entenderse prima facie reunidos, por lo que corresponde hacer lugar a la suspensión de los efectos del DNU 7/2023 en lo que hace a las regulaciones contenidas en su título IV TRABAJO (arts. 53 a 97) hasta tanto se dicte resolución definitiva.
