El proyecto ya tiene dictamen de mayoría y el oficialismo logró incluirlo en el temario de la sesión prevista para el próximo miércoles 18 de noviembre, junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Los bloques dialoguistas, no obstante, pidieron modificar el texto antes de respaldarlo en el recinto. Uno de los aspectos que más objeciones genera es el Capítulo VII, titulado “Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones”, que propone cambios en los códigos Electoral y Penal de la Nación.
Hasta el momento, el oficialismo aceptó pocas modificaciones y se mostró poco dispuesto a revisar el proyecto. En el Título II, sustituyó la expresión “seguridad nacional” por “asuntos estratégicos”. El cambio también alcanza al Consejo de Seguridad Nacional, que pasaría a llamarse Consejo de Asuntos Estratégicos.
La modificación del nombre no altera su integración: el organismo seguirá bajo la conducción del Presidente de la Nación y estará compuesto por los ministros y la SIDE, cuyos integrantes pueden ser removidos por decreto del jefe de Estado.
Otro punto que genera preocupación en algunos sectores es la posibilidad de que el Consejo intervenga en asuntos de seguridad interior y adopte decisiones sin pasar por el Congreso, como declarar el Estado de Sitio. El texto incorpora una salvedad: el Ministerio de Seguridad Nacional deberá participar en las reuniones del Consejo como miembro no permanente, de conformidad con lo establecido.
También se aceptó crear una comisión de seguimiento en el Congreso, aunque sus actividades serán secretas. Por esa razón, los informes que solicite —por ejemplo, sobre el derribo de una aeronave o el hundimiento de un buque— no serán públicos.
Los bloques dispuestos a acompañar el proyecto plantearon además objeciones al Título VII, “Fortalecimiento de la Soberanía en los Procesos Electorales y Otras Modificaciones”. La Libertad Avanza no aceptó ese reclamo.
El título incorpora un conjunto de reformas sobre injerencia extranjera y seguridad electoral. Prohíbe que personas extranjeras sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras financien campañas políticas, y establece multas de hasta diez veces el monto aportado. También endurece las penas del Código Penal para funcionarios públicos, militares o agentes de inteligencia que faciliten operaciones extranjeras contra la seguridad nacional.
Además, crea nuevos delitos: espionaje en favor de un Estado extranjero, con penas de cinco a veinte años; apoyo material a operaciones clandestinas de inteligencia, de tres a diez años; organización o financiamiento de “campañas de injerencia extranjera” o actos de sabotaje, de cinco a quince años; y encubrimiento de esos delitos por funcionarios que conozcan directamente los hechos, de uno a seis años.
Sobre este capítulo, Menem y otros legisladores libertarios transmitieron una posición firme a sus pares: no tienen intención de retirarlo.
Se prevé que el proyecto llegue al recinto la semana próxima, junto con otras iniciativas que ya cuentan con media sanción: la reforma del Banco Central, el acuerdo Mercosur-EFTA, el Acuerdo de Montevideo y el traspaso de la justicia federal a la Ciudad de Buenos Aires.
Si la Cámara de Diputados lo aprueba, el envío al Senado demandaría al menos 48 horas. Por los plazos, no habría tiempo para sancionarlo antes del cierre del período de sesiones ordinarias, de modo que sería uno de los proyectos que la Casa Rosada incluiría en la agenda de sesiones extraordinarias.
