En este contexto, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) celebró la aprobación del dictamen de comisión sobre los proyectos de ley del Marco Regulatorio del Mercado de Carbono (Expedientes S-718, 808 y 865/26), considerándolo “un avance decisivo para consolidar la sostenibilidad, la previsibilidad y la competitividad del sector productivo nacional reconociendo el valor de los activos ambientales que genera nuestro país”.
Los empresarios también destacaron que la norma establece la propiedad de los créditos en favor de los titulares de los proyectos, lo que respeta el dominio originario de los recursos y el federalismo ambiental. Esto garantiza un esquema en el que los Aportes de Mitigación destinados a mercados voluntarios puedan comercializarse libremente, sin autorizaciones administrativas previas ni burocracia.
Además, el Consejo Agroindustrial valoró la estabilidad fiscal otorgada por una década, la exención de derechos de exportación y la creación de un Registro Nacional (ReNaRe) que es ágil, gratuito y declarativo, evitando la doble contabilización y sin convertirse en una aduana regulatoria. Esto permitiría atraer financiamiento climático e integrar al agro argentino en los mercados globales, manteniendo integridad ambiental y seguridad jurídica.
“Por todo esto, solicitamos al Senado de la Nación que trate y apruebe con urgencia el proyecto de ley de Mercados de Carbono. La iniciativa busca proporcionar al país un marco regulatorio indispensable para monetizar las buenas prácticas ambientales del campo y convertir la captura de carbono en un motor clave de ingreso de divisas”, indicaron los representantes del sector.
Según estimaciones del sector técnico y ambiental agroindustrial, establecer reglas claras para la comercialización de los créditos de carbono podría permitir a Argentina captar entre US$1400 y US$3900 millones anuales, además de apalancar inversiones territoriales directas superiores a US$2000 millones en el mediano plazo.
Actualmente, el país tiene más de 40 proyectos en ejecución, predominantemente en mercados voluntarios. La aprobación de la legislación y su alineación con mercados regulados internacionales, como el Artículo 6 del Acuerdo de París y el programa CORSIA para la aviación comercial, podría duplicar el número de desarrollos en el corto plazo y acceder a precios por tonelada de CO2 que triplicarían los valores actuales.
Asimismo, el CAA subrayó la importancia de actualizar la agenda climática soberana con la presentación de la NDC 3.0 de Argentina ante la ONU.
“La consolidación del Inventario Nacional de GEI y de metas de reducción transparentes es esencial para dar validez y solidez técnica a las certificaciones nacionales. Este paso es crucial para integrar al país en los mecanismos del Artículo 6 del Acuerdo de París (ITMOs) y asegurar que los desarrollos agroindustriales locales cumplan con los estándares de acreditación internacional exigidos por programas como CORSIA”, afirmaron.
Finalmente, Gustavo Idígoras, presidente del CAA, concluyó: “La agroindustria argentina posee condiciones diferenciadoras únicas en el manejo de suelos, la ganadería regenerativa, la actividad forestal, la bioenergía y el biocarbón. Pero para convertir esta ventaja competitiva en inversión y empleo genuino, necesitamos previsibilidad e institucionalidad legal como prioridad.”
