El documento sostiene que este episodio “no puede ser reducido a un episodio aislado ni desvinculado del clima político que lo precedió” y enfatiza que, a lo largo de los años, Argentina ha sido testigo de la proliferación de discursos de odio, campañas de estigmatización, desinformación y diversas formas de violencia política dirigidas especialmente hacia quienes participan en la vida pública, “de manera particularmente intensa” contra la expresidenta.
Los firmantes consideran que gran parte de este clima adverso es resultado de lo que denominan antipolítica, elevada a la categoría de sentido común por sectores del poder económico concentrado y amplificada mediante medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales. En este contexto, el texto critica las prácticas del lawfare, que se entienden como la utilización de herramientas judiciales, políticas y comunicacionales para perseguir, disciplinar o excluir a figuras de la competencia democrática.
La declaración establece que hay una línea que “ninguna democracia puede permitirse cruzar”: la transición de la eliminación simbólica del adversario a una posible eliminación física, y recuerda que el 1° de septiembre de 2022, el país estuvo “a centímetros” de sobrepasarla. Asimismo, el documento vincula esta reflexión a los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, aunque aclara que se trata de contextos históricos distintos y que no se deben establecer equivalencias simplistas.
Aunque la cuestión no se dirige exclusivamente al peronismo o a quienes apoyan a la expresidenta, los firmantes insisten en que se trata de un llamado “al conjunto del sistema democrático argentino”, pidiendo que los partidos políticos, sin importar su identidad ideológica, acuerden enfrentar al adversario mediante ideas, argumentos, organización política y votos, nunca a través de la persecución.
El comunicado concluye con un mensaje de “abrazo” y “solidaridad” hacia Cristina Fernández de Kirchner, así como con las consignas “nunca más la eliminación del adversario” y “nunca más la violencia política”.
Entre los firmantes se encuentran José Mayans por el Partido Justicialista; Diego Giuliano y Sergio Massa por el Frente Renovador; Miguel Ángel Pichetto por Encuentro Republicano Federal; Martín Sabbatella por Nuevo Encuentro; Guillermo Moreno por Principios y Valores; Leopoldo Moreau por el Movimiento Nacional Alfonsinista; y Juan Grabois por Patria Grande.
Además, suscribieron Ricardo Alfonsín por el Frente Amplio por la Democracia; Federico Storani por Radicalismo Auténtico; Carlos Castagneto por Kolina; Mario Secco por el Frente Grande; Emilio Pérsico por La Patria de los Comunes; Carlos Heller por el Partido Solidario; Jorge Rivas por Unidad Socialista; Claudio Lozano por Unidad Popular; Gustavo López por Forja; Esteban San Pedro por el Partido de la Victoria; Eduardo Sigal por Espacio Popular; Juan Carlos Alderete por el PTP-PCR; Lucrecia Monteagudo por el Partido Intransigente; Jorge Kreyness por el Partido Comunista; Matías Barroetaveña por Nueva Dirigencia; y Humberto Tumini por Libres del Sur.
