La iniciativa es impulsada por diputados de Unión por la Patria y cuenta con el respaldo de distintas fuerzas políticas, desde sectores de izquierda hasta espacios que en algunas oportunidades acompañaron al oficialismo. La propuesta se presenta en un contexto en el que más de 200.000 personas permanecen a la espera de una pensión por discapacidad.
Los bloques opositores negocian por estas horas la estrategia parlamentaria, especialmente frente a la sesión convocada por el oficialismo para el miércoles. Para incorporar el proyecto a esa sesión sería necesario un apartamiento del reglamento, que requiere una mayoría especial que no estaría garantizada con los legisladores que respaldaron la iniciativa. Al mismo tiempo, avanza la posibilidad de convocar a una sesión especial de la oposición que incluya el proyecto en el temario.
En paralelo, cobra fuerza la alternativa de impulsar emplazamientos a las comisiones para acelerar el tratamiento de distintas iniciativas de la oposición, entre ellas las vinculadas con el aumento de la morosidad de las familias.
Según el planteo opositor, existen más de 30 proyectos que no avanzan debido a que deben ser tratados en comisiones presididas por diputados de La Libertad Avanza. La estrategia consiste en reunir a 129 legisladores para llegar al recinto y avanzar con el tratamiento de las iniciativas.
El objetivo de los distintos bloques es construir una agenda parlamentaria común y modificar la dinámica de los últimos dos años, caracterizada por el predominio de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo.
Para avanzar con iniciativas propias, la oposición debe atravesar distintas instancias parlamentarias: solicitar sesiones especiales, impulsar emplazamientos a las comisiones, conseguir dictámenes y volver a reunir 129 diputados para llevar los proyectos al recinto y obtener una media sanción. A ese proceso se suma luego la posibilidad de que el Poder Ejecutivo ejerza su facultad de veto.
El proyecto para extender la emergencia nacional en discapacidad consta de tres artículos. El primero establece la prórroga de la emergencia con todos sus efectos y mantiene la autorización para que el jefe de Gabinete realice modificaciones presupuestarias, sin reducir los fondos destinados a los servicios sociales.
El segundo artículo dispone que la norma entre en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y que sus disposiciones se apliquen a partir del 1° de enero de 2027. El tercer artículo establece que la ley deberá ser comunicada al Poder Ejecutivo.
La iniciativa reúne el respaldo de legisladores de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Frente de Izquierda, Innovación Federal, Defendamos Córdoba y Primero San Luis. Entre quienes acompañan el proyecto se encuentran Natalia de la Sota, Gisela Scaglia, Oscar Herrera Aguad, Nicolás del Caño, Pablo Juliano, Yolanda Vega, María Inés Zigarán, Victoria Tolosa Paz, Yamila Ruiz, Nicolás Massot, Maximiliano Ferraro, Martín Lousteau y Jorge Omar Fernández.
El principal obstáculo para que la propuesta avance es su tratamiento en comisión. El proyecto fue girado a las comisiones de Discapacidad, Salud y Presupuesto, todas presididas por diputados de La Libertad Avanza.
Si la comisión de Discapacidad no es convocada a reunirse, la oposición analiza solicitar un emplazamiento por mayoría simple durante una sesión especial, con el objetivo de forzar el tratamiento de la iniciativa.
Los impulsores del proyecto también señalan que la ley original atravesó distintos obstáculos antes de su aprobación y que su tratamiento llegó a instancias de judicialización. Según sostienen, ese proceso terminó reduciendo el período durante el cual la emergencia tuvo una aplicación efectiva respecto del plazo que había establecido originalmente el Congreso.
