La acción fue impulsada por los abogados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Luis Matilla, miembros de Reset Republicano. El escrito apunta, entre otros, al ministro de Economía, Luis Caputo; al secretario de Transporte, Mariano Ignacio Plencovich; al subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés; al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Francisco Díaz Vega; al administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy; y al presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, así como a otros directores de la entidad y a funcionarios que pudieran ser considerados responsables.
Los denunciantes han solicitado una investigación para determinar si las acciones mencionadas podrían ser calificadas como el delito contemplado en el artículo 189 del Código Penal, que incluye el estrago, además de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
Un aspecto crítico de la denuncia es la gestión de los recursos del fideicomiso creado por el Decreto 976/2001, cuyo objetivo está dirigido a financiar obras e infraestructura vial. Según la acusación, se reveló en medios que el Gobierno habría recaudado $1,5 billones para obras de rutas, pero solo se habría ejecutado una fracción de estos fondos.
El escrito destaca que el artículo 15 del mencionado decreto impone restricciones en el uso de estos recursos, prohibiendo que se destinen a gastos no contemplados. Para los denunciantes, el asunto va más allá de una mera discrepancia presupuestaria, sosteniendo que la inejecución de fondos destinados específicamente al mantenimiento vial puede acarrear graves consecuencias para la seguridad de los conductores.
“La subejecución de fondos presupuestarios y fiduciarios para el mantenimiento del ‘Sistema Vial Integrado’ (SisVial), el desinterés por los relevamientos sobre el estado de las rutas y la continua recaudación de la Tasa sobre el Gasoil, sin que esta se aplique a los proyectos de infraestructura, tienen la suficiente entidad para generar peligro o causar la muerte de quienes transitan la red caminera”, sostiene la denuncia.
Otro de los argumentos clave se basa en el presunto aumento de la siniestralidad en rutas. La denuncia cita estudios y notas de prensa que, según los denunciantes, evidencian el deterioro de diversas vías y un elevado riesgo de accidentes.
En particular, se hace referencia a declaraciones del secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Vialidad Nacional, quien habría indicado que, basándose en relevamientos no oficiales, las muertes en rutas nacionales “se incrementaron en un 300 por ciento en los últimos años”.
Los denunciantes enfatizan que esta situación debe ser contrastada con datos oficiales sobre el estado de las carreteras, los accidentes registrados y las labores de mantenimiento realizadas.
La denuncia busca enmarcar los hechos en el artículo 189 del Código Penal, que establece el delito de estrago en caso de que, por imprudencia, negligencia o inobservancia de normas, se cause un incendio u otro estrago con riesgo para la vida de las personas.
El documento cita expresamente la normativa: “Si el hecho u omisión culpable pusiere en peligro de muerte a alguna persona o causare la muerte de alguna persona, el máximo de la pena podrá elevarse hasta cinco años”.
Desde esta perspectiva, los denunciantes sostienen que podrían existir responsabilidades en varios niveles de la administración pública, incluyendo a quienes están a cargo de la seguridad vial y a los responsables dentro del Banco Nación en su rol de fiduciario.
“Es evidente que podrían existir responsabilidades en toda la línea jerárquica de la autoridad de aplicación”, indica el escrito.
Se solicitaron diversas medidas probatorias para esclarecer la relación entre la falta de mantenimiento, el uso de los fondos y el aumento de accidentes. Entre estas, se incluye la citación de Fabián Catanzaro, líder de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, para que aporte información sobre el estado de las rutas y la evolución de la siniestralidad.
También se requirió a la Secretaría de Transporte los Informes Anuales de Evaluación de Estado de Pavimentos desde 2019, y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, toda la información generada desde ese año sobre el estado de las carreteras y los siniestros viales.
Además, se buscó información a las compañías de seguros sobre investigaciones vinculadas a accidentes ocurridos en rutas nacionales durante 2024, 2025 y 2026. Finalmente, se pidió que se adjunte copia de la causa en el Juzgado Federal de Venado Tuerto, donde se solicitó al Estado Nacional y a Vialidad Nacional la reparación urgente de las rutas nacionales 7, 8 y 33.
La denuncia también desarrolla un amplio argumento respecto a las obligaciones estatales en materia de derechos humanos. Se sostiene que el Estado tiene la obligación de prevenir y proteger la vida y la integridad de las personas que utilizan la red vial.
En este sentido, subrayan que la falta de mantenimiento no sería una simple cuestión administrativa o presupuestaria, sino que puede tener relevancia jurídica ante el riesgo real que representa para la población.
Los denunciantes argumentan que la situación presenta un “riesgo continuado” y advierten que, de acuerdo a la evidencia citada, esto se ha traducido en un aumento de los siniestros fatales. Por ello, solicitan que la Justicia actúe con celeridad para determinar si existen responsabilidades penales.
