Este enfoque implica un ajuste legislativo al proyecto presentado por el Gobierno libertario en julio, facilitando su posible aprobación en ambas Cámaras. La propuesta consiste en permitir que las personas consideradas políticamente expuestas accedan al Régimen Simplificado de Ganancias (RGM), aunque no puedan exteriorizar los dólares ahorrados ni los fondos no declarados.
En un evento reciente de la Fundación Mediterránea, la senadora Patricia Bullrich insinuó que la iniciativa que busca ser aprobada incluirá modificaciones relacionadas con la posibilidad de que los funcionarios retiren dólares no declarados. Bullrich mencionó que se propondría una modificación en la redacción del proyecto para permitir que los funcionarios se adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), pero sin la opción de retirar dólares del colchón, acción que también se contemplaría para los grandes contribuyentes.
“Los funcionarios de cierto rango deben tener coherencia en sus declaraciones juradas. Que puedan adherir a la declaración simplificada para facilitarles la vida, pero que no puedan sacar dólares del colchón”, expresó una fuente con conocimiento sobre los posibles cambios impulsados por el oficialismo.
Este ajuste es crucial para que el Gobierno logre avanzar en las negociaciones en el Congreso, especialmente tras la adhesión de Manuel Adorni al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) mientras enfrentaba una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito e inconsistencias en sus declaraciones juradas.
El ministro Caputo necesita que la nueva ley de Inocencia Fiscal sea aprobada para garantizar la seguridad jurídica que permita a los contribuyentes movilizar los dólares que tienen escondidos, con la expectativa de que esta medida contribuya a la reactivación económica en el periodo previo a las elecciones presidenciales.
“Se dialogó sobre algunos temas que la oposición constructiva ha planteado respecto a Inocencia Fiscal, así como algo de la reforma orgánica del Banco Central”, detalló una fuente informante sobre la reunión.
Las deliberaciones iniciales estarán a cargo de Martín Menem, dado que el proyecto ingresó a la Cámara de Diputados. Sin embargo, se anticipa complicado que el Gobierno logre obtener las dos sanciones requeridas para convertir el proyecto en ley antes del 27 de agosto, fecha límite para la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias de personas físicas.
La versión de Inocencia Fiscal aprobada en diciembre presentaba, según tributaristas, varios aspectos problemáticos que la nueva propuesta busca corregir. Entre ellos, los criterios para acceder al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), que solo permitía a quienes tuviesen ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio inferior a 10.000 millones de pesos.
Los especialistas señalan que una de las cuestiones más relevantes es el método de cálculo de discrepancias significativas. Se pretende establecer un umbral mínimo: incluso si la diferencia nominal reclamada supera el 15%, no se aplicará la exclusión del régimen si ésa no representa un 5% del valor estimado de evasión contemplado en la Ley Penal Tributaria. Asimismo, se permitirá a los grandes contribuyentes adherirse al régimen, pero sin la posibilidad de declarar dólares en efectivo.
Después de varios meses, Caputo admitió que el proyecto no logró la adhesión deseada, reflejado en los depósitos en dólares del sector privado, que rondan los USD 40.000 millones, con variaciones mínimas mensuales.
El Gobierno confía en que Inocencia Fiscal será un componente clave para la remonetización de la economía. Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se estima que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero alrededor de USD 170.000 millones, que pierden valor frente a la inflación. “Lo que buscamos es fomentar la inversión; la contracara es el ahorro que permanece bajo los colchones. Necesitamos que estos fondos se incorporen al mercado financiero”, enfatizó Caputo en una reciente conferencia de prensa.
