La empresa informó que 260 de los 900 empleados de la planta “La China” fueron cesanteados, lo que representa una disminución del 25 por ciento en su personal, complicando aún más la situación operativa y financiera que enfrenta la compañía, dirigida por Joaquín de Grazia, quien se había reunido recientemente con el gobernador Rogelio Frigerio.
FTIA calificó esta decisión como “artera e insensible”, acusando que los trabajadores están siendo tratados como una “variable de ajuste descartable” para “licuar pasivos de cara a una maniobra concursal”.
En los comunicados enviados, la firma argumentó que la medida se debe a “una grave disminución de trabajo originada en circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad”, refiriéndose a los brotes de influenza aviar que llevaron al cierre de mercados internacionales clave, como el de China. La empresa mencionó que esta situación había provocado una baja en las exportaciones, una sobresaturación en el mercado interno, caída de precios y un incremento sostenido en los costos de producción.
Así, la dirección de la empresa consideró “indispensable” la reestructuración del personal para “posibilitar la continuidad de la firma y preservar las restantes fuentes de trabajo”.
El sindicato destacó que los empleados ya estaban sufriendo las consecuencias de la crisis económica, soportando retrasos de más de cinco quincenas en el pago de sus salarios. En medio de esta situación, el gobernador Frigerio había mantenido reuniones con la gerencia de la empresa y se comprometió a implementar programas de contención estatal, que incluyen ayuda alimentaria, subsidios, tarifa social en electricidad, atención médica y suministro de medicamentos.
En el marco del conflicto laboral, se revela una grave situación de endeudamiento para Granja Tres Arroyos, que enfrenta un pasivo de 350,9 millones de dólares y actualmente se encuentra en negociaciones con sus acreedores para llevar a cabo una reestructuración que podría incluir quitas de hasta el 75 por ciento del capital, plazos de pago de hasta siete años y la venta de al menos cinco activos no estratégicos.
A finales de 2024, la empresa inició un proceso preventivo de crisis, lo que llevó a implementar recortes internos a través de un programa de retiros voluntarios y a afrontar sus obligaciones de manera gradual y en cuotas. En junio, ya se habían producido suspensiones en la planta entrerriana, donde se identificaron problemas operativos no solo por el cierre de exportaciones, sino también por conflictos relacionados con la actividad gremial.
