La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) ha decidido intensificar el conflicto con el gobierno de Javier Milei, convocando a un paro nacional docente para el próximo lunes 3 de agosto. La medida responde a una denuncia por parte del sindicato sobre la “permanente negativa” de la gestión libertaria a establecer canales de diálogo para discutir paritarias y condiciones laborales. Según los representantes gremiales, la profundización de las medidas de fuerza busca visibilizar el creciente desfinanciamiento del sistema educativo.
La huelga, de 24 horas de duración, presenta una particularidad estratégica en su temporalidad: coincide con el retorno a las aulas tras el receso invernal en distritos clave como la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero. Aunque el impacto se sentirá con mayor intensidad en estas jurisdicciones, la medida tiene un alcance nacional, afectando las actividades en todos los niveles: inicial, primario y secundario. La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) se ha sumado a la acción, consolidando una postura unificada entre distintos gremios.
La plataforma de demandas de CTERA se concentra en cuatro pilares fundamentales para la sostenibilidad del sistema educativo y la economía de los trabajadores:
Restitución del FONID: La exigencia “inmediata” del retorno del Fondo de Incentivo Docente, cuya eliminación es señalada como un golpe directo a los ingresos del sector.
Ajuste por Inflación: Los gremios advierten sobre un deterioro urgente de los salarios frente al desfasaje inflacionario, sumado a la falta de fondos para el funcionamiento diario de escuelas y el sostenimiento de comedores.
Inversión Pública: Reclaman un mayor presupuesto destinado a los establecimientos educativos y a los diversos programas nacionales de acompañamiento pedagógico.
Ley de Financiamiento: Impulsan la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo que garantice los recursos necesarios para el sector a largo plazo.
El conflicto trasciende el ámbito salarial y se instala en la disputa por el modelo de gestión estatal. El gremio ha manifestado un rechazo contundente a iniciativas gubernamentales como el proyecto de Ley de Libertad Educativa, al considerarlo una amenaza al derecho social a la educación. Asimismo, la conducción de CTERA se posicionó en defensa del “sistema previsional público, solidario y de reparto”, oponiéndose a las reformas jubilatorias impulsadas por la actual administración, las cuales califican como un recorte a derechos previsionales y laborales.
