Una vez concluida esta etapa, el tribunal informará en el mismo día la hora en que se dará a conocer el veredicto.
El caso se remonta a investigaciones iniciadas hace casi 20 años, derivadas de la causa por sobornos vinculados a la firma sueca Skanska.
La investigación se centra en el supuesto direccionamiento en la asignación de las obras. La acusación fiscal sostiene que el entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, habría creado el marco regulatorio necesario y delegado facultades a funcionarios del área de Energía para establecer un procedimiento “a medida” para Odebrecht.
Entre las medidas implementadas se incluyó la creación de fondos fiduciarios destinados a financiar las ampliaciones, con aportes obligatorios de los principales usuarios de gas, y una regulación que permitía al adjudicatario elegir proveedores de bienes y servicios a su criterio.
El fiscal federal Diego Luciani argumentó que todo el proceso se inscribió en la declaración de emergencia económica y energética vigente en ese período.
Luciani señaló que existió un “claro e inadmisible direccionamiento hacia la empresa Odebrecht, en una contratación pública de gran magnitud. Estamos hablando de la ampliación de la capacidad de transporte de gas en Argentina entre 2006 y 2008, implicando una inversión estatal que supera los 2.300 millones de dólares”.
“Este desvío negocial se organizó amparado en una compleja ingeniería burocrática que permitió a los acusados eludir controles ineludibles para una obra pública de tal envergadura”, declaró el fiscal.
Los acusados incluyen a Julio De Vido, el exsecretario de Energía, Daniel Cameron, el exsubsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, el exvicepresidente de CAMMESA, Luis Beuret y el exsubgerente de esa empresa, Julio Armando Bragulat.
La fiscalía ha solicitado cuatro años de prisión para De Vido y Cameron, tres años y seis meses para Folgar y Beuret, y ha pedido la absolución de Bragulat por considerar que no se ha demostrado su participación en los hechos.
Durante las jornadas de alegatos, las defensas pidieron la absolución de todos los imputados. La defensa de De Vido criticó lo que calificaron como “retórica fiscal estigmatizante” y afirmaron que las decisiones se tomaron dentro del marco normativo vigente en un contexto de emergencia energética.
Los abogados de Cameron y Folgar sostuvieron que no se demostraron sobreprecios, sobornos ni un direccionamiento real de las contrataciones. En tanto, la defensa de Beuret argumentó que su defendido actuó cumpliendo instrucciones de la Secretaría de Energía para asegurar el abastecimiento de gas para la generación eléctrica, y la defensa de Bragulat planteó la falta de pruebas que justificaran su inclusión en la causa.
Así, el juicio oral, que se lleva a cabo ante el TOF 2, entra en su etapa final, donde el tribunal deberá determinar si las conductas analizadas constituyen el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública o si, como sostienen las defensas, se respetaron los procedimientos legales establecidos durante un período de crisis energética declarado por el Estado.
