Flores enfatizó que “no existe un ajuste, no existe un desfinanciamiento. Sí existe una configuración sobre la eficiencia y lo que lleva consigo esa eficiencia, que es el ahorro en los manejos de los recursos”.
En declaraciones en radio el funcionario destacó una inversión de $30 mil millones en el Hospital Garrahan, lograda “como producto del mejor manejo de los fondos”. Además, señaló que, en cuanto a la atención de los pacientes, “en el 2025, se invirtieron $136.269.000.000, lo que representa para este año un aumento del 66% en el presupuesto. Obviamente que los presupuestos son finitos y la planificación que estamos realizando lo evidencia”.
Flores también mencionó que la Nación “va a financiar el aumento en esa cobertura, tanto de pacientes oncológicos como aquellos con enfermedades poco frecuentes”. Sin embargo, recordó que el gobierno de Axel Kicillof tiene una deuda de $644.700.000.000 hacia los hospitales SAMIC (Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad), que son financiados conjuntamente por la Nación y la Provincia.
Por otro lado, organizaciones sindicales, asociaciones médicas y trabajadores del sistema de salud han convocado una Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública, rechazando lo que consideran un ajuste promovido por el gobierno de Javier Milei. Denuncian el deterioro de hospitales, programas nacionales y prestaciones esenciales.
La movilización principal tendrá lugar en la ciudad de Buenos Aires, comenzando a las 13.00 desde el Ministerio de Salud de la Nación, con una ruta hacia Plaza de Mayo, y contará con la participación de gremios del sector salud, la CTA Autónoma, organizaciones sociales, residentes, estudiantes y colectivos relacionados con el sistema sanitario público.
Bajo el lema “La salud no puede esperar”, los organizadores advierten que el sistema está atravesando una situación crítica debido a recortes presupuestarios, la disminución de programas nacionales, así como la escasez de insumos y medicamentos. Entre sus principales demandas se incluyen la reducción de asignaciones a hospitales públicos, la dificultad de acceso a tratamientos y ajustes sobre jubilados y pacientes con enfermedades crónicas.
