La Justicia federal dispuso habilitar la feria judicial a fin de impulsar un reclamo interpuesto por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). La causa en cuestión tiene por objeto garantizar la provisión de alimentos a 30 comedores comunitarios por parte del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7 y tiene como propósito evitar que el receso judicial obstaculice el cumplimiento de una medida cautelar que ya se encuentra en vigor. La solicitud había sido promovida por ambas organizaciones sociales ante la suspensión de los plazos procesales durante la feria, situación que, según advirtieron, impedía la concreción de las intimaciones ordenadas por el juzgado para relevar e incorporar a dichos comedores a la política alimentaria estatal.
En el escrito judicial, señalaron que la dilación no solo era de índole administrativa, sino que impactaba directamente sobre familias que atraviesan condiciones de extrema vulnerabilidad y que dependen de esos espacios comunitarios para acceder a alimentos básicos.
La respuesta del Poder Judicial
El planteo fue sometido a la evaluación del Ministerio Público Fiscal, el cual emitió un dictamen favorable a la habilitación solicitada. En su intervención, el fiscal destacó que en la ejecución de la medida cautelar se halla comprometido el derecho humano a una alimentación adecuada. Además, enfatizó que el colectivo afectado se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad socioeconómica.
Con base en esos argumentos, el juez Walter Lara Correa resolvió habilitar la feria judicial de manera excepcional y limitada, «al único efecto» de tramitar el planteo formulado por las organizaciones demandantes y permitir que el expediente continúe su curso durante el receso. En la misma resolución, el magistrado ordenó incorporar una presentación efectuada por el Ministerio de Capital Humano y dispuso correr traslado a la parte actora para que establezca su posición, paso previo a la definición de los próximos movimientos procesales en la causa.
El reclamo del CELS
Previo a la confirmación de la habilitación de la feria, el CELS había hecho público su requerimiento ante la Justicia para que la actividad judicial no se interrumpiera, por considerar que este caso debía ser tratado con carácter de urgencia debido al riesgo que representa para un grupo vulnerable de la sociedad.
En ese orden de ideas, sostuvo que postergar una definición agravaba una situación social crítica y recordó que, merced a medidas cautelares dictadas con anterioridad, ya son 72 los comedores que lograron restablecer la provisión de alimentos luego de interrupciones en la asistencia oficial. Desde la organización, insistieron en que el acceso a la alimentación no puede quedar supeditado a los tiempos del calendario judicial.
