En un contexto económico donde el ajuste se vuelve moneda corriente, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, confirmó este lunes que el Gobierno continuará con su política de reducción de subsidios, aunque lo hará de forma «más selectiva», y que los aumentos en las tarifas de servicios públicos se mantendrán alineados con la inflación.
“Hoy los subsidios representan entre el 0,5 y 0,6% del PBI. Eso nos permite ser más selectivos en cómo seguir adelante con su reducción”, expresó González durante un encuentro del sector energético organizado por AmCham, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina.
El funcionario explicó que las tarifas de electricidad y gas, tanto para transportistas como distribuidoras, ya pasaron por sus respectivas revisiones quinquenales. Por lo tanto, aseguró que en adelante “mantendrán sus valores en términos reales”, sin retrasos tarifarios.
Además, sostuvo que “la demanda pasó de pagar el 30% del costo de la energía a pagar el 80%”, lo que evidencia —según sus palabras— un fuerte avance en el sinceramiento tarifario, una de las banderas del actual Gobierno para reducir el déficit fiscal.
Respecto al impacto en el bolsillo, González reconoció que la administración realiza un seguimiento mensual de las tarifas con el objetivo de que “la evolución no sea muy distinta a la evolución de los precios en general”. De este modo, la política energética mantiene el criterio de trasladar costos al usuario mientras continúa el proceso de recorte estatal.
Finalmente, el funcionario fue cauto al hablar de los resultados en el sector energético: anticipó que la balanza comercial del área cerrará apenas un 10% por encima de la del año pasado, debido a una mayor venta en volumen, pero con precios a la baja en los mercados internacionales.