La política de restricción de recursos impuesta a las administraciones provinciales por el gobierno nacional durante el ejercicio fiscal 2025 ha comenzado a evidenciar sus limitaciones. Diversos análisis del sector privado indican que la situación fiscal de los estados subnacionales se ha deteriorado hasta alcanzar un punto crítico.
Durante el tercer trimestre del año pasado, y conforme a datos suministrados por 19 provincias y el INDEC, el resultado financiero experimentó una contracción del 99% en comparación con el mismo período del ejercicio precedente. Es preciso señalar que este resultado posee una naturaleza parcial y presenta un desfase temporal, en virtud de que no la totalidad de las jurisdicciones reportan su información financiera con la debida periodicidad.
No obstante, la información disponible permite inferir tendencias relevantes. La consultora Politikon Chaco llevó a cabo un relevamiento de la situación fiscal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y Tierra del Fuego.
Este conjunto de jurisdicciones registró ingresos corrientes por un monto total de $83 billones, lo que se traduce en un incremento del 3,2% respecto al año 2024. Los ingresos de naturaleza tributaria se incrementaron en un 1,6%, ascendiendo a $63,6 billones.
Dentro de este total, los recursos de coparticipación de origen nacional se redujeron en un 0,2%, totalizando $36 billones, mientras que los impuestos de recaudación propia de las provincias sumaron $27,8 billones, con un crecimiento del 4%.
En contraposición, el gasto primario devengado alcanzó los $81,8 billones, lo que implica un aumento del 11,9%.
El resultado primario acumulado durante los primeros nueve meses arrojó un superávit de $1,6 billones, lo cual representa una disminución del 78% en relación con el mismo intervalo del año anterior. Al incorporar los intereses abonados, que totalizaron otros $1,6 billones, el superávit financiero se reduce a apenas $7.347 millones, marcando una caída del 99%.
Análisis de Expertos
Según la exposición del economista Isidro Guardarucci, miembro de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), en un artículo publicado en la revista Indicadores de Coyuntura editada por la entidad, “las provincias se enfrentan a erogaciones con una rigidez intrínseca significativa, donde el componente salarial constituye (con una diferencia considerable) el rubro más relevante”.
El analista añade que “adicionalmente, la mitad de ellas mantienen sus propias cajas previsionales provinciales, las cuales también imponen desembolsos carentes de cualquier flexibilidad”.
Guardarucci sostiene que “en lo referente al gasto ‘discrecional’, este presenta una mayor inflexibilidad que a nivel nacional: los bienes y servicios que contratan están predominantemente asociados al funcionamiento de los servicios esenciales de salud, educación y seguridad; mientras que la obra pública también cuenta con un margen de maniobra limitado, dada la contracción del financiamiento nacional en esta área”.
“Respecto a los ingresos, las provincias dependen primordialmente de la coparticipación —donde los impuestos a las Ganancias e IVA son predominantes— y de la recaudación del Impuesto a los Ingresos Brutos. Estos recursos están directamente influenciados por la dinámica inflacionaria. El comportamiento de los precios en 2023 difiere sustancialmente del observado en 2025”, explica el economista.
Guardarucci puntualiza que “mientras hace dos años el segundo semestre experimentó una aceleración muy marcada, el último ejercicio mostró niveles de precios relativamente constantes entre julio y diciembre”.
El experto explica que “en un contexto de aceleración de precios, la recaudación se incrementa y los recursos destinados a financiar las erogaciones —cuya actualización se realiza con rezago— resultan suficientes. Esta situación confiere una flexibilidad a corto plazo a las administraciones que, si adoptan el hábito de operar bajo este esquema, terminan adaptándose a dinámicas menos sostenibles en períodos de estabilización”.
En este sentido, aseveró que “el cierre del ejercicio 2025, si bien dista de ser un nivel de inflación deseable, no es comparable con lo registrado en años anteriores”.
El analista de FIEL también destaca la propensión de los gobernadores a equilibrar las cuentas mediante el efecto de la inflación sobre el gasto no indexado y los ingresos.
Dentro de este marco, el informe señala que “la recaudación acumulada del Impuesto a los Ingresos Brutos se encuentra por debajo de los registros tanto de 2023 como de 2024 (situación que se replica en algunas jurisdicciones, como en Córdoba)”.
Guardarucci anticipa que “es indudable que el balance fiscal de cierre de 2025 expondrá a varios estados subnacionales en la situación más incómoda de los últimos años”.
