La oposición denuncia que la “asignación precaria” se realizó entre gallos y medianoche; el beneficiario es un empresario de medios ligados a los demócratas de Estados Unidos
MENDOZA.- Tiembla la Cordillera de los Andes, pero sobre todo la política mendocina. La entrega de tierras dispuesta por el gobierno provincial para la construcción de un megacentro de esquí en una preciada zona montañosa de Malargüe provocó un remezón en la tierra cuyana. Así las cosas, los argumentos y cuestionamientos empiezan a aflorar de un lado y del otro, pero con una sola certeza a la fecha: se asignaron por decreto 12.000 hectáreas en una zona de glaciares a un privado para la explotación del lugar, pero resta todo un proceso de estudios, evaluaciones y aprobaciones ambientales para poder avanzar.
Es la nueva controversia del verano mendocino, por lo que comenzaron los pedidos de explicaciones de la oposición al oficialismo que comanda el gobernador radical Rodolfo Suarez, quien firmó a fines del 2021 el decreto 2138, que dispuso la “asignación precaria” del terreno a la firma Azufre SA, en manos visibles del empresario mendocino de medios Alejandro Spinello, quien supo ser parte de las campañas presidenciales de los demócratas en Estados Unidos, principalmente Al Gore y Hillary Clinton.
De hecho, el realizador y productor integral de TV, que cuenta con un creciente desarrollo en la Argentina a través de Media Hub, vinculado a medios locales y extranjeros, ya viene haciendo algunas inversiones en la zona y promocionando lo que será “El Azufre”, el primer centro de esquí sustentable del mundo, ubicado en la zona inhóspita de “Campo Potreros de Cordillera – Norte”, en la comuna del sur mendocino, en una zona hostil y con pocos caminos. Aunque no hay una ruta directa, el sitio se ubica a más de 60 kilómetros de Las Leñas, uno de los principales centros invernales del continente, con más de 200 hectáreas de extensas zonas para esquiar, con un marco de 17.500 hectáreas bajo su dominio.
“Queremos todas las explicaciones y estudios correspondientes, sobre todo por qué el Gobierno entregó 12.000 hectáreas para un centro de esquí que podría funcionar con menos de 2000 hectáreas, y también por qué se aprobó sin una declaración de impacto ambiental”, disparó el camporista Lucas Ilardo, presidente del bloque de senadores justicialistas, que ayer logró aprobar un pedido de informes al gobierno de Suarez.
La novedad, que se conoció tibia y silenciosamente de cara a la ciudadanía recién a comienzos de año, tras la publicación en el Boletín Oficial el 7 de enero, empezó a crecer como una bola de nieve. Por eso, desde la oposición consideran que hay un largo camino por recorrer para concretar un proyecto en el medio de la Cordillera, en una de las zonas con mayores recursos hídricos de la provincia, según los científicos consultados por este diario.
Según el Poder Ejecutivo local, con El Azufre están todos los papeles en regla, incluso con el aval legal y técnico de la Fiscalía de Estado; para el arco contrario, principalmente el kirchnerismo, se trata de una jugada “entre gallos y medianoche”, a espaldas de los mendocinos, por lo que hay quienes consideran que detrás podría existir un negocio inmobiliario que quede en manos de inversores extranjeros, principalmente sobre las tierras que no son esquiables.
Fuentes del gobierno provincial y de los principales organismos de control, en medio del hermetismo inicial, indicaron a LA NACION que se trata de un “tema complejo, que se mediatizó, y donde muchos quieren voltear el desarrollo de Mendoza”, pero que se ha actuado bajo el marco de la legalidad técnica, bajo las disposiciones de leyes nacionales sobre el uso de las tierras en las fronteras, que deben ser ocupadas con fines turísticos, ganaderos y/o productivos. Las tierras pertenecen a la Nación, pero a fines de la década del 60 fueron cedidas a la provincia, que ahora, tras sortear trámites de derechos de ocupación con los puesteros y pobladores originales, las asigna a privados, quienes han manifestado que llevan realizada una “importante, larga y costosa inversión”.
En este sentido, en diciembre del año pasado, la Fiscalía de Estado emitió un dictamen que avala este primer paso. “No existen objeciones jurídicas que formular al trámite de asignación”, indica el documento firmado por el fiscal Fernando Simón. De todas maneras, las fuentes consultadas aclararon que tras esa instancia se debe presentar un proyecto integral, sometido a diferentes estudios ambientales y que logre la aprobación de varios estamentos oficiales, como la Secretaría de Ambiente, para obtener finalmente la declaración de impacto ambiental. Es más, en las últimas horas, en medio de la controversia y el malestar que se generó en el seno del Ejecutivo, funcionarios del Gobierno que comanda Suarez indicaron que las hectáreas que finalmente se otorguen pueden ser menos.
“Hay mucho nerviosismo en el Gobierno para frenar el tema y se ha desatado una verdadera polémica, por lo que hay mucho enojo de los empresarios argentinos interesados porque estaban buscando inversores extranjeros y con todo esto, se le ha quitado previsibilidad al proyecto”, indicó a LA NACION un dirigente que sigue de cerca la iniciativa, que dijo: “Uno de los requisitos que establece la legislación y el decreto de entrega de las tierras es que no pueden comprarla extranjeros, por eso se trata de una sociedad anónima de un grupo de argentinos. La superficie esquiable que pretenden es muy chica; todo lo demás está pensado para hacer un negocio inmobiliario”.
En principio, el proyecto contempla una inversión cercana a los 200 millones de dólares, más de 200 kilómetros de pistas, una temporada de esquí de cinco meses, la creación de aproximadamente 1000 empleos directos y 5000 indirectos y un funcionamiento total con energías renovables.
