El nuevo reglamento de selección, que porta las firmas de los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, no cuenta con la del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.
Las reformas propuestas están diseñadas para disminuir la discrecionalidad política en los concursos judiciales, en un contexto donde el Consejo de la Magistratura está por experimentar un cambio en su composición interna, con un aumento del peso del oficialismo de La Libertad Avanza. La selección dependerá ahora del diseño del banco de preguntas, la definición de los criterios de evaluación y la administración del proceso.
Los jueces han decidido presentar este reglamento al Plenario del Consejo de la Magistratura para su evaluación y también lo han comunicado a las Cámaras nacionales y federales en todo el país, así como a los Supremos Tribunales de Justicia de las provincias. Para su aprobación se requieren mayorías agravadas.
Este proyecto ha sido elaborado por Rosenkrantz durante varios meses, con el respaldo de Lorenzetti, mientras que Rosatti ha quedado aislado, lo que indica un cambio en el funcionamiento interno de la Corte.
Dentro del Consejo de la Magistratura, existen otras propuestas, aproximadamente 14, sin embargo, en este caso particular se trata de una acordada de la Corte. En el Consejo se revisarán todas las alternativas, comentó un consejero, quien agregó que no están obligados a seguir los lineamientos establecidos por la Corte.
El reglamento sugiere limitaciones al Consejo de la Magistratura, estableciendo que los concursos para jueces se llevarán a cabo con un banco de preguntas que se corregirá mediante un sistema de elección múltiple. Asimismo, las entrevistas personales solo computarán un máximo del 10% del total de la puntuación del candidato.
Con el fin de mejorar la transparencia y reducir la discrecionalidad en el proceso, esta nueva estructura redefine no solo la metodología de evaluación de los aspirantes, sino también la fuente real del poder en el mismo.
Se observa un notable cambio hacia un modelo más regulado, ya que anteriormente se otorgaba mayor relevancia al examen de oposición, los antecedentes y la valoración subjetiva de la entrevista personal.
Ahora, se establece un sistema de evaluación tabulado, automatizado y con reglas preestablecidas.
Entre las novedades, se incorpora la realización de concursos anticipados, que se llevarán a cabo antes de que se produzcan vacantes, con el propósito de minimizar la influencia del ambiente político en estas selecciones.
Otro cambio significativo es la introducción de un doble examen con un enfoque en el anonimato. La primera fase es de carácter general, objetiva y con corrección automatizada, actuando como un filtro técnico. La segunda fase se centra en la capacidad de los candidatos para resolver casos y redactar sentencias.
