El Estado argentino reconoció hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad internacional por las violaciones de los derechos humanos de las víctimas del atentado a la AMIA, la violación de su derecho a la justicia y el encubrimiento, no por negligencia, sino porque los jueces, fiscales, fuerzas de seguridad, servicios de inteligencia y las autoridades del Poder Ejecutivo decidieron acusar a inocentes y proteger a sospechosos cercanos al poder.
“El juez, sus empleados, los fiscales, la SIDE, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y la policía concretaron la peor bajeza institucional desde el retorno de la democracia”, dijo ante los jueces de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Natalia D’Alessandro, coordinadora de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia. Fue en el final de la audiencia ante la Corte Interamericana, adonde Memoria Activa llevó su reclamo contra la Argentina, con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Con esta confesión, la Corte dictará una condena contra la Argentina en los próximos meses que contemple obligaciones institucionales con respecto a la causa AMIA; al funcionamiento de la justicia y a la reparación económica, que incluye una indemnización, gastos, viáticos y honorarios de abogados, que solicitó Memoria Activa y el CELS y que suman unos 700.000 dólares. Los montos menores serían para las indemnizaciones a familiares.
Tan fuerte fue el reconocimiento de responsabilidad del Estado argentino que sorprendió a los propios jueces de la Corte. El colombiano Humberto Sierra Porto, vicepresidente de la Corte, dijo tener “sentimientos complejos porque el reconocimiento del Estado es más duro que la misma alegación de las víctimas, es un asunto que tiene una dimensión fuera de lo común”.
El juez dijo que no basta el reconocimiento del Estado o que espere que la Corte le diga qué hacer, sino que es el propio Estado el que debe actuar. “Solo los argentinos pueden llegar a acuerdos en una materia tan sensible como la organización judicial”, les dijo.
Y a su turno el presidente de la Corte Interamericana, el uruguayo Ricardo Pérez Manrique, dijo que la Argentina no debe esperar a la sentencia para cambiar lo que reclama y puso como ejemplo el hecho de que pude dictar medidas administrativas para tratar la documentación del caso y la desclasificación.
Ante los jueces de la Corte, reunidos en Montevideo y los familiares de Memoria Activa, los cuatro funcionarios del Ministerio de Justicia pidieron perdón y admitieron que el Estado fue corrupto, que no tomó las medidas de protección adecuada contra la AMIA, que no protegió a las víctimas frente a un riesgo específico que corrían y que la SIDE no hizo nada respecto a la información que recibió sobre Mohsen Rabbani, imputado luego en la causa AMIA. También reconocieron que el patrullero que vigilaba la AMIA no funcionaba y tampoco la radio.
Dijo D’Alesandro que el Estado es responsable por la violación de los derechos de protección judicial, por violar las garantías de acceso a la verdad y a la justicia, que la Argentina es responsable porque las autoridades no buscaron descubrir la verdad, sino resguardar a personas cercanas al poder de entonces, en 1994.
Protección y “falsos culpables”
Entendió que Carlos Telleldín cobró 400.000 dólares del Estado para acusar a falsos culpables y que se protegió a Kanore Edul, cercano al expresidente Carlos Menem. Kanore Edul tene un pedido de sobreseimiento de la fiscalía al entender que no está vinculado con el caso. Y se quejó de que desde 2019 la Cámara de Casación no revisa la condena contra el ex juez Juan Galeano y otros acusados condenados en un juicio por irregularidades durante la investigación.
El Estado argentino es responsable por los desvíos institucionales, la actuación de la SIDE, los fondos reservados, la aplicación del secreto de actividades de inteligencia, dijo la funcionaria del Ministerio de Justicia.
Se responsabilizó por todo lo que se hizo hasta 2005, cuando la Argentina reconoció su responsabilidad internacional ante la Comisión Interamericana y luego de esa fecha y hasta la actualidad, cuando no se cumplieron los compromisos que asumió el país en ese momento. Es un período que abarca a gobiernos del kirchnerismo, de Cambiemos y la actual gestión de Alberto Fernández, a la que pertenecen los funcionarios que hablaron ante la Corte Internacional.
“El Estado es responsable por todas las manifestaciones de impunidad en este caso, por la ocupación de la Justicia por los servicios de inteligencia, por la corrupción, por los plazos irrazonables de estas actuaciones, por el secreto, el encubrimiento de la verdad, por la utilización política de la causa al servicio de intereses nacionales y extranjeros”, dijo la funcionaria del organismo que encabeza Martín Soria.
Dijo que las obligaciones del Estado fueron “deliberadamente incumplidas” a pesar de los avances legislativos de 2015 y 2020.
Tras lamentar los hechos, elogiar la coherencia ética de Memoria Activa, recordaron que el atentado es un crimen contra la humanidad y por lo tanto los responsables del ataque y sus encubridores “no pueden escudarse en la prescripción”.
La funcionaria reclamó a la Corte que dicte una “sentencia transformadora” que apunte a la “reparación integral de los derechos vulnerados que debe incluir la corrección de las cosas a nivel institucional” para impedir la “manipulación política y la intromisión de los servicios de inteligencia en la causa”. Y reclamó una sentencia en la que determine los hechos y fije las reparaciones.
La integrante de Memoria Activa Diana Wassner, quien el jueves declaró como testigo de los demandantes, dijo tras el allanamiento del Estado argentino: “Realmente, es para nosotros alentador este reconocimiento, pero nos parecerá bien en el momento que se traduzca en acciones concretas”.
