El Gobierno avanzará en la eliminación de otros dos organismos públicos, en sintonía con política de reducción de gastos que incluyó el desmantelamiento del INADI Según adelantó el vocero presidencial, Manuel Adorni, el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar dejarán de existir.
“Luego de una revisión de datos calamitosos, profundamente desoladores, este Instituto y el Consejo tenían 964 empleados; se va a transformar en una dirección en a que quedarán 64 empleados. Se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Esto va a significar un ahorro de 9000 millones de pesos”, afirmó el funcionario nacional al inicio de su habitual conferencia de prensa.
Al momento de justificar la medida, que implementará el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, Adorni criticó “la fiesta que había del gasto público” y enumeró: “Tenía 160 delegaciones, dos sedes, una en Catamarca y otra en Santiago del Estero, y uno de cada tres empleados eran delegados. Tenían 204 vehículos y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos, casi una agencia de empleo político”.
Y completó: “Se transferían fondos discrecionales y actuaban organizaciones sociales y municipios. La ineficiencia de este organismo se refleja en que todavía no hemos recibido reclamos de productores ni trabajadores del campo”.
El Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena había sido creado por decreto (729/2022) durante la gestión de Alberto Fernández a finales de 2022. Era un ente descentralizado, con autarquía económica y financiera, que estaba a cargo de Miguel Gómez, un dirigente del Movimiento Evita cercano a Emilio Pérsico, que ocupaba en ese tiempo el cargo de secretario de Agricultura Familiar.
Este anuncio tiene lugar, además, tras la denuncia contra Pérsico por “fraude a la administración pública” que realizó el ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, luego de detectar que la Oficina Anticorrupción había dictaminado en su contra en un expediente en el que se lo señala por ubicarse como “juez y parte” a la hora del reparto de fondos de ayuda social. Lo acusan de haber entregado partidas millonarias a organizaciones que él mismo dirigía.
Pérsico es reconocido por ser el líder del Movimiento Evita. Durante su paso por el gobierno nacional, tenía a su cargo la administración de millonarias partidas de fondos públicos destinados a la asistencia de organizaciones que, a su vez, buscaban contener la situación de pobreza en barrios y sectores precarizados de la ciudadanía. El movimiento que él fundó se encontraba entre los receptores de esos fondos.
Según la denuncia de la actual gestión, aprovechó su cargo “para interceder a favor de la Federación Evita y la Cooperativa la Patriada para concederles a dichas entidades importantes subsidios económicos provenientes de las arcas del Estado”.
Con la llegada de Milei a la Casa Rosada, la nueva gestión planteó como principio la política de eliminar la intermediación en el reparto de la ayuda social que el gobierno vuelca con recursos públicos. Esto significó el recorte de todas las partidas que recibían organizaciones civiles, como las que los movimientos piqueteros administraban, que no formaban parte del Poder Ejecutivo.
En ese marco, el gobierno señaló, a través de la reciente denuncia, que Pérsico hacía exactamente lo contrario: en calidad de funcionario, adjudicaba fondos a un movimiento como el Evita, que conducía de facto él mismo.
“Habiéndose acreditado que los fondos en cuestión han salido de las arcas del Estado para luego ingresar en el patrimonio de las mencionadas organizaciones (cooperativas o federación de cooperativas) queda de este modo configurado el requisito del tipo objetivo de la figura bajo análisis en cuanto precisa la existencia de un daño patrimonial concreto y/o real respecto del patrimonio de la administración pública”, sostiene la denuncia.
