La Justicia ordenó las primeras medidas sobre los comedores fantasma tras una denuncia que presentó la Subsecretaría Legal del Ministerio de Capital Humano sobreuna potencial red de corrupción que utilizaba el hambre de los más necesitados como excusa para desviar fondos a organizaciones políticas y movimientos sociales.
el fiscal federal Ramiro González pidió el listado de quienes controlaban a los comedores y merenderos en el RENACOM, el listado de funcionarios a cargo de la Secretaría de Inclusión Social que tenían a cargo la seguridad alimentaria y citó el lunes próximo a Leila Gianni, subsecretaria de legales de Capital Humano, para ratificar su denuncia y presentar documentación sobre la auditoría realizada.
El RENACOM fue creado en julio de 2020 y funcionó hasta el final del gobierno de Alberto Fernández, por lo que el listado reclamado por el fiscal abarca ese período. La cartera que conduce Sandra Pettovello detectó que muchos de los comedores que recibieron alimentos nunca funcionaron como tales o bien habían dejado de hacerlo años atrás.
La Fiscalía apunta ahora a investigar la participación de “todos los responsables” entre 2020 y 2023 en dichas áreas involucradas y ante la sospecha de falta de controles en el otorgamiento de alimentos que, según el Ministerio de Capital Humano, era de entre 12 a 14 toneladas de alimento por mes.
La auditoría abarca a unos 2.600 comedores de los más de 4 mil registrados en todo el país y, de la documentación revisada, se constató que más de la mitad o bien no existieron nunca como tales o dejaron de funcionar hace muchos años. Según la reglamentación, los comedores deben ser revalidados cada dos años, algo que no habría ocurrido.
muchos se encuentran vinculados a organizaciones sociales como el Polo Obrero, el MTE y el Movimiento Evita.
Por el momento, la principal hipótesis que sigue la Justicia es que los recursos recibidos se utilizaban como herramienta de extorsión, una línea que coincide con otra causa que investiga a líderes piqueteros por los aprietes a beneficiarios de planes. Sin embargo, por otra parte, también se cree que los bolsones de alimentos que recibían los comedores se vendían más allá de la inscripción de “prohibida su venta”.
En cuanto a la investigación a dirigentes sociales acusados de extorsionar y amenazar a beneficiarios de planes al desviar fondos y manipular los programas de asistencia del Estado, tras los allanamientos en domicilios de piqueteros y comederos de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, la causa busca ahora esclarecer si los delitos fueron cometidos de manera aislada por algunos dirigentes o si en rigor se trataba de un plan organizado en el que también participaban los líderes de cada organización.
