A 8 días de cumplirse 10 años de la muerte de Alberto Nisman, la fiscalía que investiga el caso ratificó este viernes que se trató de un homicidio vinculado a su investigación del atentado a la AMIA y a su denuncia por la firma del Memorándum con Irán.
Así lo determinó el informe de 52 páginas realizado por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3 de la Capital Federal a cargo de Eduardo Taiano. El documento hace un repaso de la década que lleva la investigación, las medidas adoptadas desde su inicio en el fuero nacional criminal y correccional y las que se realizaron desde 2016, cuando la causa quedó radicada en el fuero federal, con la investigación delegada en su fiscalía.
De acuerdo a Taiano, “el fiscal federal Natalio Alberto Nisman fue víctima de un homicidio y su muerte estuvo motivada en su labor en la UFI-AMIA y, concretamente, con su accionar vinculado al Memorándum de Entendimiento con la República de Irán”. En ese sentido, el fiscal federal notificó que “se encuentran en curso la producción de medidas tendientes a determinar la identidad de aquellos que ejecutaron el hecho y de quiénes lo ordenaron, conforme a la hipótesis de la fiscalía”.
La muerte de Nisman
El fiscal apareció muerto en su departamento en el complejo Le Parc Puerto Madero cuatro días después de haber denunciado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por un supuesto encubrimiento del atentado contra la Amia, tragedia ocurrida en 1994.
La principal hipótesis de la fiscalía que investiga el caso sostiene que hubo “una participación activa de terceras personas en la muerte de Nisman, las cuales ingresaron al departamento y, luego de reducirlo, lo trasladaron hasta el baño ubicado en el cuarto principal de la vivienda”. “Allí, con la intención de simular un suicidio, lo obligaron a colocarse de rodillas y le dispararon en la cabeza, en el horario comprendido entre las últimas horas del 17 y la madrugada del 18 de enero de 2015”, asegura el texto.
Las irregularidades del caso
De acuerdo al informe de Taiano, la investigación de la muerte de Nisman debió enfrentar numerosas irregularidades. La primera fue que el caso cayera en manos del fuero ordinario y no el federal, “como correspondía”. “Resultó extremadamente llamativo, teniendo en cuenta que el hecho a investigar consistía en la muerte violenta de un fiscal federal a cargo de la investigación del atentado más grave de la historia argentina, y que cuatro días antes había denunciado en el marco de su función a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional”, advierte el funcionario judicial.
Finalmente, intervención de la Corte Suprema mediante, el expediente llegó al juzgado federal de Julián Ercolini, que luego delegaría la investigación en Taiano. Fue este quien apuntó contra las numerosas irregularidades ocurridas antes y después de la muerte del fiscal.
“En el departamento de Nisman, es decir la escena del crimen, circularon esa noche más de ochenta personas. No hace falta ser un experto en la materia para advertir que esa cantidad de gente en la escena de un crimen no tiene justificación alguna”, señala el informe.
En ese sentido, el texto hace alusión a las imputaciones del extitular de Prefectura, Luis Alberto Heiler, el exjefe de la Policía Federal Argentina, Román Di Santo, el exsecretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni y el exsecretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad de la Nación, Darío Ruiz, “a raíz de las irregularidades detectadas en el ámbito de su accionar en el procedimiento llevado a cabo en el complejo Le Parc Puerto Madero”.
La fiscalía de Taiano también psuo el foco sobre “la labor ineficiente de la custodia que debía proteger a Nisman en su departamento” y destacó cómo durante ese fin de semana “los miembros de la Policía Federal Argentina que debían protegerlo abandonaron la consigna vigente en reiteradas ocasiones y por lapsos de tiempo prolongados”. “De esta forma, no sólo se vio facilitado el accionar homicida que terminó con la vida del fiscal, sino también la libertad de manipular la escena sin ningún tipo de control”, sentencia el documento.
Por ese motivo es que fueron procesados los cuatro custodios que debían estar de guardia ese fin de semana y Diego Lagomarsino, colaborador de Nisman y dueño del arma de la que salió el tiro que acabó con la vida del fiscal. La versión de Lagomarsino fue que él le entregó la pistola a pedido del propio Nisman, sin embargo las medidas probatorias descartaron esa versión, “ya que las comunicaciones fueron iniciadas por el propio Lagomarsino, resultando este accionar parte del plan para la simulación del suicidio”.
El informe también remarca las dificultades que enfrentó “al explorar diversas líneas de investigación y reunir informes, documentación y testimonios”. “No fueron pocas las veces en que los requerimientos de información efectuados a diferentes organismos estatales no obtenían respuesta, o se respondían de manera parcial o incompleta”, aqueja la fiscalía, que luego agrega: “La gran mayoría de esta información se encontraba en poder de organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional y/o de las fuerzas de seguridad, situación que volvió extremadamente compleja la investigación dado que durante el período 2019-2023, quienes se suponía que por su rol institucional debían colaborar con la fiscalía, no hicieron más que poner trabas y generar demoras injustificadas”.
