Luego de un aluvión de denuncias sin precedentes que tuvo lugar el fin de semana pasado, transcurrió la semana completa sin movimientos por parte de Comodoro Py. El expediente que acumuló la mayoría de las demandas ante la justicia federal recayó en manos de la jueza María Servini, quien este jueves decidió delegar la investigación en el fiscal.
Eduardo Taiano estaba de licencia y -según dejaron trascender en los tribunales de Retiro- pidió que lo esperaran para abrir el caso. Mientras se descarta que dará impulso a la investigación con las primeras medidas de prueba, la expectativa está puesta en la impronta que le imprimirá a la causa que desencadenó la primera gran crisis de la gestión libertaria.
en paralelo a las actuaciones de Taiano, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a cargo del fiscal Sergio Rodríguez ya abrió una investigación preliminar de oficio, que podría involucrar no solo al presidente Milei sino a todo su entorno.
Las denuncias, que ya fueron ratificadas y algunas ampliadas, reclaman las declaraciones de testigos, requisas de teléfonos, rastreo de trazabilidad de las operaciones y un sin número de pedidos de informes a organismos oficiales y a empresas, registros de las audiencias presidenciales, entre otras cosas.
Del requerimiento fiscal podrá dilucidarse la hipótesis de los posibles delitos y los primeros imputados.
Las denuncias más resonantes fueron presentadas por el economista Claudio Lozano junto a representantes de diversas organizaciones; por el dirigente y abogado Juan Grabois, quien aglutinó a damnificados directo, y por el abogado Gregorio Dalbón, quien aportó documentación sobre los movimientos previos a la estafa denunciada.
Las demandas señalan como principales responsables de una presunta maniobra fraudulenta al propio Javier Milei; a Julián Peh, CEO y cofundador de Kip Network Inc y KIP Protocol; a Hayden Mark Davis, representante de Kelsier Ventures y a militantes y funcionarios que replicaron el tuit del presidente en el que promocionaba $Libra, como Martín Menem y Daniel Parisini -conocido como el Gordo Dan- entre otros.
Los delitos detallados en las denuncias van desde Estafa y otras defraudaciones (art. 172 y el art. 174, inciso 6 del Código Penal); incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 248); violación a la Ley de Ética Pública, Ley N° 25.188 en sus arts. 1 y 2, hasta Asociación Ilícita (art. 210 del Código Penal). Todo está dentro del menú de la fiscalía, de quien depende la celeridad que se le imprima al caso que adquirió dimensión intencional y donde ahora estarán puestas todas las miradas.
En el caso de la denuncia encabezada por el economista Lozano, se presentó una ampliación de luego de la entrevista del presidente Javier Milei con Jonatan Viale, intervenida por el asesor Santiago Caputo, y de las declaraciones públicas de Davis. Los demandantes señalan que en las declaraciones a la señal de noticias TN el jefe de Estado “reconoció la comisión de nuevos delitos”. Uno de ellos podría ser el de Agiotaje, es decir, la manipulación de precios a través de noticias falsas o negociaciones simuladas. También se mencionan los Delitos contra el Orden Financiero y de Intermediación Financiera no Autorizada.
Coimas
La otra línea de investigación que deberá trabajar la fiscalía es el del presunto cobro de coimas por parte del entorno presidencial para otorgar audiencias con el mandatario a los empresarios Cripto. Así lo denunció Elisa Carrió y en la misma dirección fueron las ampliaciones que se presentaron esta semana.
Tras los dichos de Hayden Davis, los denunciantes reclaman que se ponga el foco en la posible “existencia de una red de tráfico de influencias”, con la presunta participación de Karina Milei. Por eso Taiano deberá evaluar, además, los pedidos para que testifiquen el empresario Diógenes Casares y los periodistas Cristina Pérez y Alejandro Bercovich, entre otros.
