El Gobierno nacional implementó nuevas restricciones al ingreso de personal en el sector público mediante los decretos 1148/24 y 1149/24, publicados en el último Boletín Oficial del año 2024. Estas normativas, firmadas por el presidente Javier Milei, buscan reducir el gasto público y promover la idoneidad laboral en el empleo estatal.
Según informó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, entre enero y noviembre del mismo año se desvincularon cerca de 36.000 empleados como parte del ajuste fiscal.
A partir del 1 de marzo de 2025, los aspirantes a empleos en el sector público deberán aprobar una Evaluación General de Conocimientos y Competencias, medida ya aplicada previamente a los empleados actuales. Esta evaluación también será obligatoria para empresas con mayoría accionaria estatal.
Además, el decreto 1148/24 establece que cada nueva contratación deberá ser compensada con la baja de tres empleados, intensificando la reducción del personal. Se trata de la estrategia del ”3×1″. Se podrá “disponer únicamente de un alta en el supuesto que se informe tres bajas de personal, cualquiera fuera la causal”, aclara la resolución.
Las medidas afectan a todas las entidades reguladas bajo la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional (Ley Nº 25.164), así como a contratos temporales y de servicios profesionales, según los decretos 1421/02 y 1109/17. Asimismo, las contrataciones realizadas durante 2025 no podrán extenderse más allá del 30 de junio, salvo casos excepcionales.
El Gobierno nacional implementó nuevas restricciones al ingreso de personal en el sector público mediante los decretos 1148/24 y 1149/24, publicados en el último Boletín Oficial del año 2024. Estas normativas, firmadas por el presidente Javier Milei, buscan reducir el gasto público y promover la idoneidad laboral en el empleo estatal.
Según informó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, entre enero y noviembre del mismo año se desvincularon cerca de 36.000 empleados como parte del ajuste fiscal.
A partir del 1 de marzo de 2025, los aspirantes a empleos en el sector público deberán aprobar una Evaluación General de Conocimientos y Competencias, medida ya aplicada previamente a los empleados actuales. Esta evaluación también será obligatoria para empresas con mayoría accionaria estatal.
Además, el decreto 1148/24 establece que cada nueva contratación deberá ser compensada con la baja de tres empleados, intensificando la reducción del personal. Se trata de la estrategia del ”3×1″. Se podrá “disponer únicamente de un alta en el supuesto que se informe tres bajas de personal, cualquiera fuera la causal”, aclara la resolución.
Las medidas afectan a todas las entidades reguladas bajo la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional (Ley Nº 25.164), así como a contratos temporales y de servicios profesionales, según los decretos 1421/02 y 1109/17. Asimismo, las contrataciones realizadas durante 2025 no podrán extenderse más allá del 30 de junio, salvo casos excepcionales.
Repercusiones del medida
Sturzenegger justificó las decisiones al señalar que buscan garantizar la capacitación de los trabajadores estatales y mejorar la calidad del servicio público. En una publicación en redes sociales, subrayó: “La motosierra continúa”, en referencia a una consigna habitual del oficialismo.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) respondió calificando como “avance parcial” la continuidad laboral de quienes aprobaron evaluaciones en diciembre, pero criticó la falta de estabilidad para más de 57.000 trabajadores contratados temporalmente. Según Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, estas medidas perpetúan la precarización laboral y no garantizan ingresos equitativos, dejando espacio para favoritismos políticos.
Por su parte, Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, cuestionó la capacidad de los funcionarios actuales para implementar políticas efectivas. Además, los gremios destacaron que las restricciones impactan negativamente en los derechos laborales y anticiparon un aumento en las tensiones durante las negociaciones paritarias previstas para las próximas semanas.
Desde el Gobierno, las medidas fueron defendidas como necesarias para racionalizar el gasto público y promover la eficiencia. Las empresas estatales y los fondos fiduciarios también deberán justificar estrictamente las nuevas contrataciones.
