Ese día, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) leerá en Hamburgo su orden sobre el pedido de medidas provisionales que presentó la Argentina contra el Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion. El organismo confirmó oficialmente la fecha este miércoles.
La solicitud argentina apunta a que, mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá resolver la disputa de fondo, el Reino Unido tome medidas para frenar nuevas perforaciones y la instalación de infraestructura de producción vinculada con Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.
La Argentina también pidió que Londres no utilice en perjuicio de sus derechos la información obtenida durante la exploración y que se abstenga de adoptar nuevas medidas capaces de agravar la controversia.
Tras las dos jornadas de audiencias, realizadas el 10 y el 11 de noviembre, el canciller Pablo Quirno señaló que la decisión está ahora exclusivamente en manos de los jueces.
“Estamos en manos del Tribunal”, resumió durante el encuentro anual del estudio Marval O’Farrell, al responder una consulta.
Quirno subrayó que la presentación ante el TIDM no representa el final de la estrategia argentina, sino que forma parte de un esquema jurídico y diplomático más amplio.
“Pacífico, legal y diplomático: vamos a usar todos los recursos que tenemos”, afirmó.
El Gobierno, explicó, tiene la responsabilidad de utilizar todas las herramientas disponibles para defender la posición argentina. “La estrategia es integral, donde tiene diferentes pasos y nosotros tenemos la responsabilidad de usar todas las herramientas que están a nuestro alcance”, sostuvo.
En ese marco incluyó tanto el arbitraje iniciado contra el Reino Unido como la presentación ante el Tribunal del Mar. “Es una herramienta más de las que tenemos”, dijo, y agregó que el Gobierno considera que esta instancia puede ofrecer instrumentos adicionales para defender los intereses argentinos.
Quirno aclaró que el fallo del Tribunal del Mar no resolverá el arbitraje de fondo.
La Argentina acudió al TIDM por la urgencia de obtener una protección provisoria mientras se constituye el tribunal arbitral. “El arbitraje sigue”, enfatizó el canciller.
El procedimiento ante el Tribunal del Mar se rige por el mecanismo previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para pedir medidas provisionales mientras se constituye un tribunal arbitral. El propio TIDM indica que, en esas circunstancias, puede disponer medidas si considera que el tribunal arbitral tendría jurisdicción prima facie y que el caso exige una respuesta urgente.
Durante las audiencias, la Argentina sostuvo que necesita una decisión provisoria para impedir que el proyecto avance mientras continúa el arbitraje. El Reino Unido, por su parte, pidió al Tribunal que rechace por completo las medidas solicitadas por Buenos Aires.
Quirno relacionó la presentación internacional con otras decisiones del Gobierno sobre el Atlántico Sur.
“También tenemos la situación de reforzar estratégicamente el Atlántico Sur”, señaló, y mencionó la decisión de construir una base naval integrada.
Según explicó, la estrategia no se circunscribe al litigio internacional: combina herramientas jurídicas y diplomáticas con decisiones vinculadas con la presencia argentina en el Atlántico Sur.
El Gobierno también promueve en el Congreso un proyecto de ley de soberanía nacional relacionado con la explotación de recursos naturales en el área de Malvinas. La iniciativa propone modificar el régimen actual de sanciones para las compañías que operen con licencias británicas que la Argentina considera ilegítimas.
El caso cobró especial relevancia por Sea Lion, un proyecto desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. En las audiencias, Londres rechazó las medidas requeridas por la Argentina y objetó los argumentos con los que se justificó la urgencia del pedido.
La decisión del 28 de noviembre se referirá, por lo tanto, a las medidas provisionales, y no a la soberanía de las Islas Malvinas ni al fondo del arbitraje.
El canciller también hizo un balance político de la visita de León XIV a la Argentina y destacó el papel del Gobierno en la organización del viaje.
Quirno relató que la iniciativa de promover la llegada del Papa surgió luego de la frustración que, según describió, había provocado que Francisco no pudiera visitar el país. “Tener un Papa en el país después de 39 años” fue, explicó, uno de los motivos que impulsaron la propuesta.
Contó que, tras asumir como canciller en noviembre del año pasado, el Gobierno se acercó a la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) para expresar formalmente su deseo de concretar la visita. “Encontramos mucho eco en la CEA para que la visita se realice”, señaló.
De acuerdo con Quirno, la organización fue más allá de la Cancillería y estuvo a cargo, de manera conjunta, del Gobierno nacional, bajo el liderazgo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.
El canciller resaltó la concurrencia a las actividades y calculó que casi siete millones de personas participaron de los distintos eventos durante los cuatro días.
También defendió el contenido político y espiritual del mensaje papal. Ante las interpretaciones de que algunas palabras de León XIV podían entenderse como un cuestionamiento al Gobierno, Quirno sostuvo que el presidente Javier Milei no decidió invitar al Papa por razones de cálculo político.
“El Presidente no especula sobre estos temas”, afirmó.
Según el canciller, Milei podría haber evitado la visita, pero optó por impulsarla. Ahora, dijo, corresponde que cada dirigente reciba el mensaje del Pontífice y lo procese de acuerdo con sus convicciones.
“Cada uno tiene que tomar el mensaje del Papa y modificar y cambiar las creencias que uno tiene al respecto”, señaló.
Quirno agregó que espera que la visita abra “un camino de espiritualidad” en la Argentina.











