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Diputados: se cayó la sesión que iba a debatir Malvinas, la reforma del Banco Central y otros cinco proyectos

19 noviembre, 2026
in Política
Diputados: se cayó la sesión que iba a debatir Malvinas, la reforma del Banco Central y otros cinco proyectos
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La sesión especial convocada por el oficialismo para este miércoles en la Cámara de Diputados no pudo comenzar por falta de quórum. La Libertad Avanza y los bloques que respaldaban el llamado reunieron a 126 legisladores, tres menos que los 129 necesarios para abrir el debate. Así, quedaron pendientes varias iniciativas del gobierno de Javier Milei, entre ellas la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que se encaminaba a su sanción definitiva.

La convocatoria fracasó a pesar de que las bancadas habían acordado en Labor Parlamentaria el orden de tratamiento y los tiempos de discusión. El cronograma preveía una sesión de 13 horas y 9 minutos, sin contar cuestiones de privilegio, homenajes ni apartamientos del reglamento. Sin embargo, los acuerdos sobre la dinámica del debate no se tradujeron en la asistencia necesaria para ponerlo en marcha.

Los diputados de Provincias Unidas y del MID no se presentaron, una ausencia que hizo caer la sesión.

El temario acordado fijaba como primer punto la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con casi diez horas asignadas. Luego se iba a votar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, seguida por el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), y la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur. A continuación, se tratarían en conjunto dos convenios para transferir competencias judiciales de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires. El debate concluiría con una modificación de la Ley 24.467, que regula a las pequeñas y medianas empresas.

El presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y otros legisladores oficialistas impulsaron la convocatoria con el propósito de avanzar en la agenda parlamentaria del Poder Ejecutivo durante las últimas semanas del período ordinario.

El desenlace volvió a mostrar cuánto depende el oficialismo de los acuerdos parlamentarios para garantizar el funcionamiento de la Cámara. Aunque La Libertad Avanza cuenta con aliados para respaldar algunas iniciativas, debe reunir una mayoría suficiente para habilitar las sesiones y, luego, obtener los votos necesarios para aprobar cada proyecto.

En este caso, faltaron apenas tres legisladores. La falta de quórum impidió abrir el debate de cualquiera de los asuntos incluidos en la convocatoria, más allá de los consensos que pudiera haber sobre algunos de ellos.

La reunión de Labor Parlamentaria había definido una organización minuciosa de la jornada. De acuerdo con las planillas elaboradas por la Dirección de Coordinación de Labor Parlamentaria, se preveían cinco intervenciones de los miembros informantes de los dictámenes sobre la ley de soberanía, con una duración total de una hora y 40 minutos. También se habían reservado cuatro horas y diez minutos para exposiciones individuales y tres horas y 47 minutos para los bloques.

Además, se había acordado un mecanismo de votación abreviada para los proyectos que llegaban a la Cámara en revisión y para los acuerdos internacionales incluidos en el temario.

El acuerdo sobre la organización no suponía que todos los bloques respaldaran el contenido de las iniciativas, pero sí había permitido preparar una jornada parlamentaria que finalmente no se realizó.

El proyecto de mayor peso que quedó sin tratar fue la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida también como Ley Malvinas, que ocupaba 9 horas y 42 minutos del cronograma previsto.

La iniciativa propone cambios en el régimen de sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, además de reformas relacionadas con la defensa, la inteligencia y la seguridad nacional.

Uno de sus capítulos más discutidos aborda la injerencia extranjera en procesos electorales. El texto establece penas de prisión de entre cinco y doce años para quienes organicen o financien determinadas campañas con el objetivo de interferir en elecciones o condicionar decisiones de las autoridades en favor de intereses extranjeros.

La redacción recibió críticas de legisladores opositores y de sectores dialoguistas, en particular por el alcance de las nuevas figuras penales y sus posibles efectos sobre la libertad de expresión. Durante el debate en comisión se incorporaron excepciones para las actividades periodística, diplomática y académica, aunque seguían las diferencias sobre la precisión de esas garantías.

La propuesta también plantea crear un Consejo de Seguridad Nacional, conducido por el Presidente de la Nación, con facultades para coordinar políticas de defensa, seguridad e inteligencia y analizar inversiones extranjeras en sectores considerados estratégicos.

El oficialismo esperaba aprobar la iniciativa en general, aunque algunos artículos aún requerían negociaciones con las bancadas que habían acompañado los dictámenes con observaciones.

El otro proyecto central que quedó pendiente fue la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que había vuelto a Diputados tras los cambios introducidos por el Senado.

La iniciativa establece como objetivo primordial de la autoridad monetaria preservar el valor de la moneda y prohíbe financiar directa o indirectamente al Tesoro Nacional mediante adelantos transitorios y otros mecanismos de emisión monetaria.

También modifica las normas para distribuir utilidades y determina que los resultados del Banco Central se destinen prioritariamente a cubrir pérdidas acumuladas, recomponer su patrimonio o cancelar deuda pública.

El Senado había cambiado el régimen para designar y remover a las autoridades de la entidad. Diputados debía decidir si aceptaba esas modificaciones o insistía con el texto original, según el procedimiento de mayorías previsto en el artículo 81 de la Constitución Nacional.

El acuerdo de Labor Parlamentaria había reservado cinco minutos para esa votación, de acuerdo con el artículo 152 del reglamento de la Cámara. La caída de la sesión impidió completar el trámite legislativo.

La falta de quórum también aplazó el tratamiento de dos instrumentos internacionales relacionados con la integración comercial del Mercosur.

El primero era el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. El convenio prevé ampliar el intercambio de bienes y servicios y reducir las barreras comerciales entre ambos bloques.

El segundo era una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur, destinada a actualizar las normas regionales para ese sector.

Los dos proyectos figuraban en los órdenes del día 510/26 y 509/26, respectivamente, y tenían asignados cinco minutos de votación cada uno.

También quedó pendiente la aprobación de dos convenios para transferir competencias judiciales de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que iban a debatirse en conjunto.

El primero corresponde al cuarto convenio de transferencia progresiva de competencias penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial porteño. El segundo dispone el traspaso de la función judicial en materia criminal y correccional de menores del ámbito nacional a la Justicia de la Ciudad.

Los expedientes, identificados con los órdenes del día 512/26 y 511/26, tenían previstas dos horas y 22 minutos de tratamiento conjunto, con intervenciones de los miembros informantes y de los bloques parlamentarios, además de una votación final.

El traspaso de competencias es uno de los asuntos pendientes del proceso de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y ha formado parte de sucesivos acuerdos entre las administraciones nacionales y porteñas.

El último punto del temario era una modificación del artículo segundo de la Ley 24.467, que establece el marco regulatorio de las pequeñas y medianas empresas. La propuesta, incluida en el orden del día 443/26, tenía asignados 30 minutos y buscaba ampliar el alcance del régimen para facilitar que las cooperativas accedieran a los instrumentos de reconocimiento y promoción previstos por la ley.

La planificación de la sesión incluía además un minuto de silencio por la muerte de la exdiputada Patricia Walsh y la posibilidad de rendir homenaje a las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.

Los bloques también habían anticipado 17 cuestiones de privilegio, siete homenajes y ocho pedidos de apartamiento del reglamento. Esos planteos se intercalarían durante el debate y podían extender la jornada más allá de las 13 horas inicialmente previstas.

La falta de quórum impidió tratar todos esos asuntos.

La caída de la sesión obliga al oficialismo a revisar su estrategia para reunir los respaldos necesarios en una etapa decisiva del calendario legislativo. El Gobierno también prevé avanzar con el Presupuesto 2027 y otras iniciativas que considera prioritarias antes de que concluya el período ordinario.

La jornada expuso la distancia entre los acuerdos para organizar el debate y la capacidad efectiva de reunir a los legisladores en el recinto: pese a contar con un temario consensuado y un cronograma de más de 13 horas, al oficialismo le faltaron tres diputados para iniciar la sesión.

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