La Argentina ya designó formalmente a dos representantes ante el tribunal. El embajador Mario Oyarzábal, titular de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería, fue nombrado agente del Estado, y la embajadora Betina Pasquali de Fonseca, coagente. Los dos figuran en el escrito presentado el 13 de octubre, aunque esos nombramientos procesales no confirman que asistirán en persona a las audiencias.
En el Ejecutivo consideran probable que Oyarzábal participe de las exposiciones en Alemania, debido a su responsabilidad en la estrategia jurídica internacional. El diplomático intervino directamente en la elaboración del reclamo y ocupa un lugar central en la representación argentina. Sin embargo, la composición definitiva de la delegación todavía no fue anunciada oficialmente.
La organización también contempla la eventual participación de la Secretaría Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzábal, y de la Procuración del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio. Ambos organismos colaboraron en la preparación de la presentación argentina y evalúan cómo estarán representados en la instancia oral. En el Gobierno señalan que no es imprescindible que concurran sus máximas autoridades y que las decisiones dependerán de sus agendas y de las necesidades del procedimiento.
La Procuración aún no decidió si enviará representantes a Hamburgo. En el Ejecutivo entienden que el equipo jurídico que trabajó en la demanda está en condiciones de participar de las audiencias, aunque la definición sigue pendiente. La prioridad es asegurar una representación estatal adecuada sin afectar el funcionamiento de las áreas que también deben atender otros asuntos de la administración nacional.
La agenda política también incide en la conformación de la delegación. Las audiencias coincidirán con los dos últimos días de la visita del papa León XIV a la Argentina, programada entre el 8 y el 11 de noviembre. Milei tendrá compromisos institucionales durante la estadía del pontífice, entre ellos un encuentro en la Casa Rosada, y distintos integrantes del Gabinete participarán de la organización y de las actividades oficiales vinculadas con la visita.
Hasta el momento, la Argentina no contrató estudios jurídicos alemanes ni firmas internacionales para intervenir en el litigio, de acuerdo con fuentes oficiales. En la administración nacional sostienen que el procedimiento no requiere una representación privada radicada en Alemania y que la defensa puede quedar a cargo de agentes diplomáticos y profesionales del Estado.
El Tribunal del Mar permite que los países intervengan por medio de agentes, coagentes, abogados y asesores. Los nombramientos de Oyarzábal y Pasquali de Fonseca identifican a los responsables formales de la representación argentina; la participación de otros especialistas dependerá de las decisiones que tome el Gobierno antes de las exposiciones orales. La embajadora designada como coagente también consignó una dirección para notificaciones en la Embajada argentina en Berlín.
El tribunal ya fijó el calendario de las audiencias. El martes 10 de noviembre, la Argentina expondrá de 10 a 13 y el Reino Unido responderá de 15 a 18. El miércoles 11 habrá una segunda intervención argentina, de 10.30 a 12, y una última presentación británica, de 17.30 a 19, según el horario de Hamburgo.
La audiencia será pública y podrá seguirse en directo por el sitio oficial del organismo. Los jueces deberán evaluar si hay fundamentos jurídicos y suficiente urgencia para dictar medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral que analizará el litigio principal. La convocatoria no significa que la Argentina ya haya obtenido una decisión favorable.
El reclamo comenzó el 28 de septiembre, cuando el Gobierno inició un arbitraje contra el Reino Unido en virtud del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Tras el rechazo británico de las medidas solicitadas, la Argentina acudió el 13 de octubre al Tribunal del Mar para pedir una intervención urgente antes de que avance el desarrollo de hidrocarburos.
La presentación argentina incluye cuatro pedidos principales. El primero busca impedir que el Reino Unido autorice el inicio o la continuidad de la explotación de hidrocarburos mediante el proyecto Sea Lion. El segundo procura limitar el uso de información obtenida durante las exploraciones en perjuicio de los derechos argentinos. Los otros dos planteos se refieren a la protección del medio marino y a la prohibición de nuevas decisiones que agraven la controversia, como la concesión de licencias.
Sea Lion es un proyecto de la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. Las compañías prevén comenzar las perforaciones de desarrollo en 2027 y poner en marcha la producción comercial en 2028. La Argentina busca una decisión judicial antes de que esas actividades progresen. Sostiene que la extracción de recursos y las modificaciones del lecho marino podrían tener consecuencias irreversibles.
La cuestión de la competencia del tribunal será el principal eje jurídico de la disputa. La Convención sobre el Derecho del Mar permite resolver controversias relacionadas con la interpretación de sus disposiciones, pero no le concede atribuciones generales para dirimir disputas de soberanía territorial. Por ese motivo, la estrategia argentina apunta a resguardar los derechos que reclama sobre los recursos marítimos y las obligaciones ambientales, sin solicitar un pronunciamiento sobre la soberanía de las islas.
La Casa Rosada considera que las audiencias serán una instancia central de su estrategia jurídica por Malvinas. El Gobierno confía en el trabajo de los equipos estatales y espera definir en los próximos días quiénes integrarán presencialmente la delegación. Los jueces resolverán si conceden las medidas provisionales, mientras el arbitraje contra el Reino Unido seguirá su curso por separado y en la Argentina se desarrollará la agenda oficial de Milei por la visita de León XIV.
